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La Comunidad quiere reunirse con Tres Cantos y Colmenar Viejo para solventar el pago de El Tagarral

La presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, se ha comprometido a reunirse con la consejería de Economía, y los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar para buscar soluciones al conflicto de El Tagarral, por el que el Gobierno reclama a ambos municipios 42 millones de euros

En 2016, la Comunidad de Madrid acudió a los tribunales para reclamar a los municipios la citada cantidad (21 millones de euros a cada uno) en concepto de su parte de la sentencia del Tagarral que anteriormente abonó la comunidad de Madrid. Para ello presentó un recurso contencioso administrativo.
El gobierno regional estima que es lo que le corresponde a cada ayuntamiento de la sentencia por la recalificación de la finca, después de que el Ejecutivo madrileño hiciera el pago total hace dos años.
La intención de la presidenta regional se ha conocido hoy en la reunión con el alcalde de Colmenar, Jorge García Díaz, que ha mantenido en la sede del Gobierno regional.
Según ha explicado Cifuentes, ha acordado encontrarse próximamente para estudiar diferentes vías para llevar a cabo el pago, ya que existe una sentencia firme que "les obliga a pagar", por lo que "deberán sentarse las tres partes".
No obstante, ha asegurado que se va a estudiar "de qué manera se podrían ahora hacer el pago", justificando que la capacidad financiera de los Consistorios es "muy limitada", por lo que se ha ofrecido a "darles facilidades" para que se cumpla la sentencia sin que tengan dificultades para seguir prestando servicios
El conflicto de El Tagarral se remonta a varias décadas atrás, por un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1987 por el Gobierno local colmenareño y el de la Comunidad de Madrid. Los terrenos están situados, como se ve en la imagen adjunta, al norte del casco urbano actual de la ciudad, lindando con el Monte de Viñuelas
En concreto, el plan cambiaba la calificación de un suelo que ahora pertenece al municipio de Tres Cantos pero entonces estaba en el término municipal de Colmenar Viejo de urbanizable programado a suelo no urbanizable. Este cambio provocó que los propietarios de los terrenos denunciaran ante la justicia, y finalmente ésta les dio la razón y obligó a las tres administraciones a pagar una indemnización millonaria de 60 millones de euros más intereses.

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