El Juez Decano de Alcobendas promete solucionar la ocupación ilegal de unas viviendas en Valdelasfuentes
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El juez se compromete a realizar una reunión en la sede de los juzgados para tratar específicamente el problema del edificio ocupado. La decisión se toma a instancias del alcalde de Alcobendas que mantuvo una reunión con cerca de 15 vecinos de la zona, en el que le trasladaron todas sus quejas y preocupaciones en la Junta de Seguridad.
El edificio de viviendas situado en la calle Largo Caballero, del barrio de Valdelasfuentes de Alcobendas, ha generado en el último año decenas de titulares derivados de la ocupación ilegal de las viviendas por parte de personas que en algunos casos, las han realquilado ilegalmente a otras personas. Además, se ha denunciado por parte de vecinos de la zona que algunos “ocupantes” generan ruidos, suciedad o tiene comportamientos violentos.
Sin embargo, la solución no acaba de llegar ya que la propiedad del inmueble no realiza la denuncia sobre la “okupación” ante los juzgados por lo que las fuerzas del orden no pueden actuar. (Ver noticias adjuntas)
La reunión sería con Jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y con la Comunidad de Madrid para poder poner en marcha nuevas medidas que garanticen la convivencia en la zona hasta la resolución por parte del Juzgado. En esa reunión el alcalde entregará un escrito sobre la vivienda ocupada en Valdelasfuentes preparado junto a los vecinos de la zona y en el que ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas cautelares concretas.
En la Junta se ha solicitado a los responsables de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local un esfuerzo aún mayor para incrementar la presencia en el entorno de la vivienda y aportar la seguridad suficiente a todos los vecinos que viven en la zona.
Todos los presentes han convenido que la solución a esta problemática pasa por coordinar esfuerzos y realizar acciones conjuntas que resulten efectivas, teniendo en cuenta que la propiedad del edificio debe ser quien mantenga los procedimientos penales abiertos para poder desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente y la Comunidad de Madrid es la responsable de los realojos.
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