“La situación generó conflictos de orden público y los inquilinos que vivían legalmente en el edificio pidieron amparo al Ayuntamiento” ha recordado Cubián para añadir que “el PSOE fue quien hizo público el caso de la ocupación y pidió al gobierno municipal que actuara pese a saber que la orden de desalojo solo puede provenir de un Juzgado. Una vez que esto se ha producido, son ahora los ocupantes ilegales los que acampan frente al Ayuntamiento pidiendo vivienda social”.
Sobre la petición que hacen los manifestantes para que se les ofrezca una vivienda social o un alquiler social, Cubián aclara que “haber hecho ocupaciones ilegales no les da preferencia sobre otras familias en situaciones complicadas y además se ha producido efecto llamada y familias de otros municipios han venido a ocupar viviendas en este edificio. Aunque Servicios Sociales atenderá todas las situaciones, no es justo que se vuelquen recursos municipales a personas de otras localidades recién llegadas, cuando ya hay muchas necesidades en Alcobendas”.
Cubián también aclara que son “los propietarios particulares los que han solicitado el desalojo ante la ocupación ilegal y ha garantizado que los Servicios Sociales está atendiendo y atenderán los casos de emergencia social que conocen y que han estudiado uno a uno”.
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