En relación a una sentencia provocada por una denuncia de Ecologistas en Acción

El gobierno de Alcobendas afirma que la sentencia de Los Carriles ralentiza la reactivación económica de la ciudad

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a Ecologistas en Acción, que recurrió la adaptación parcial por entender que “perjudicaban a los vecinos y sólo favorecía a los promotores inmobiliarios”. La adaptación se aprobó en septiembre de 2012. En ella el pleno municipal de Alcobendas aprobó un cambio en los estándares mínimos de cesión de redes públicas y reserva de viviendas de protección establecidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en cuatro sectores de suelo urbanizable. En concreto en el sector residencial “Los Carriles” y en los sectores industriales “Escobares-1”, “Escobares-2” y “Ampliación Red Eléctrica”.

"La sentencia sólo habla de un tema de competencias; la Ley del Suelo no dejaba claro quien podía hacer los cambios y quisimos realizarlos nosotros para reactivar la economía local con estos desarrollos urbanos", Ramón Cubián, portavoz del PP

Según Ecologistas en Acción, “de esta forma lo que se producía era una reducción de la reserva destinada a viviendas con algún régimen de protección pública en el sector “Los Carriles”, pasando de un 50% del total de viviendas  al 30% de la edificabilidad. Además los estándares mínimos de redes generales (zonas verdes, equipamientos, etc) en ese sector pasaban de 70 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construidos a 55 metros cuadrados. Es decir, los promotores pasarían de ceder 70 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos, a ceder 55 metros cuadrados. Esto supone menos suelo público para destinar a zonas verdes y equipamientos como colegios, centros sanitarios, etc y más beneficios para los promotores inmobiliarios”.

“La sentencia retrasa la reactivación económica”

Mientras tanto, el gobierno local ha emitido una nota de prensa que puntualiza la nota enviada por Ecologistas en Acción. En ella, Ramón Cubián, portavoz del gobierno y concejal del Área de Urbanismo, señala que "la sentencia solo habla de un tema de competencias; al cambiar la Ley del Suelo entendimos que podíamos realizar nuevos estándares. La Ley no dejaba del todo claro quién podía aplicar esos nuevos estándares y quisimos hacerlo nosotros por agilizar la reactivación económica que suponían. La decisión del Tribunal retrasa los plazos que era lo que pretendíamos evitar pues esto cumplía con el objetivo de reactivar la economía en un momento tan difícil como este”. La nota afirma que “son esas modificaciones que el Ayuntamiento realizó las que Ecologistas en Acción llevó al Tribunal al considerar que su aprobación era competencia de la Comunidad de Madrid y a eso es a lo que el Tribunal les ha dado la razón. Por nuestra parte ya estábamos realizando esos trámites para contar con la aprobación de la CM desde hace meses”

"Un nuevo cómputo más equilibrado"

"La sentencia dice que quien debería haber aprobado es la Comunidad de Madrid, pero nosotros ya estábamos realizando ese trámite", Ramón Cubián, portavoz popular

Sobre el resto del contenido de la nota de prensa de Ecologistas en Acción que interpreta los nuevos estándares aplicados a su manera, el portavoz del PP ha señalado que “sobre la vivienda aplicábamos un nuevo cómputo que lo que hace es ser más equilibrado y garantista de la superficie digna – no sólo mínima – de la vivienda de protección. Antes la norma establecía un 45% del total de viviendas; ahora la Ley establece un 30% de la edificabilidad. Esto es lo que dice la Ley del Suelo y lo que nosotros aplicamos en la modificación. Sobre esto el TS solo dice que quien lo tiene que aprobar no es el Ayuntamiento sino la Comunidad de Madrid”.

"Tampoco afecta en absoluto a las zonas verdes. Y la afección al suelo dotacional no es preocupante ya que, futuras necesidades de edificios públicos, cuentan con suelo dotacional vacante en Valdelacasa, Fuentelucha, en la futura ampliación de Comillas y en el Juncal. Pero les recuerdo que la sentencia solo habla de competencias, no del contenido de los nuevos estándares”, afirma el PP alcobendense.