El Defensor del Pueblo admite la queja del PSOE de San Sebastián de los Reyes sobre las multas de La Moraleja de Alcobendas
| Noticias/SS. de los Reyes |
El Defensor del Pueblo admite la queja del PSOE de Sanse sobre las multas en La Moraleja |
| Así lo ha señalado el secretario general del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, en alusión a la medida impulsada por el ayuntamiento de Alcobendas que multa con 80 euros a los vecinos de Sanse que circulan por La Moraleja. |
La entidad pedirá documentación al Ayuntamiento sobre la medida impuesta |
El Defensor del Pueblo ha admitido la queja del PSOE de Sanse por las multas del Ayuntamiento de Alcobendas en La Moraleja |
| Así lo ha señalado el secretario general del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, en alusión a la medida impulsada por el ayuntamiento de Alcobendas que multa con 80 euros a los vecinos de Sanse que circulan por La Moraleja. |
| Respuesta del Defensor del Pueblo “Estudiada su queja, se procede a su admisión, al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de Constitución, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, del Defensor del Pueblo”, se afirma en el escrito que este jueves recibió Narciso Romero por parte de dicha institución. En el escrito, firmado por Concepció Ferre i Casals, adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, también se afirma que “se han iniciado las actuaciones oportunas ante el Ayuntamiento de Alcobendas” y que “una vez recibida la información que dicho organismo ha de remitir, se pondrá en su conocimiento”. "Una medida injusta" En opinión de Narciso Romero, la admisión de la queja supone un primer paso para que esta medida injusta y que discrimina a los vecinos de San Sebastián de los Reyes sea “enterrada definitivamente”. “Los socialistas no nos vamos a quedar parados. Vamos a seguir trabajando en todas las vías posibles para que ocurra lo mismo que con la privatización de la Sanidad. Que todo quede en papel mojado”, ha afirmado Narciso Romero. La queja ante el Defensor del Pueblo En la queja que presentó el pasado mes de diciembre, Romero recordaba que la Constitución insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, y recalcaba que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se afirma que toda persona tiene derecho a moverse libremente, garantizando de este modo la libertad de movimiento. Así, y tras recordar que la circulación sin la correspondiente autorización por las vías sujetas a restricciones o limitaciones impuestas por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico será sancionada con arreglo a lo establecido en el artículo 67.2 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, el portavoz del PSOE local consideraba que la medida impulsada por el Partido Popular de Alcobendas no respeta principios generales tales como legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En opinión de Narciso Romero, se estarían vulnerando “derechos fundamentales y básicos, impidiendo así, la efectiva realización de los derechos y deberes amparados por la legislación (tanto en lo relativo a Derechos Humanos, como comunitarios o de índole nacional)”. “La actuación llevada a cabo olvida principios básicos: igualdad, seguridad jurídica y legalidad para que una norma pueda ser aplicada en las condiciones y garantías establecidas por la Constitución y la legislación vigente”, subrayaba Narciso Romero. Además, el portavoz del Grupo Municipal PSOE de San Sebastián de los Reyes esgrimía que “si esta limitación territorial -que supone un claro ejemplo de falta de respeto a la legalidad, de arbitrariedad y está basada en motivos electoralistas- la pusieran en marcha, de este modo, todos los Ayuntamientos, sencillamente se estarían dibujando fronteras limitadoras de derechos constitucionales y la libre circulación sería un mito”. Por todo ello, Narciso Romero solicitó al defensor del pueblo que fuese requerido el Ayuntamiento de Alcobendas de tal modo que justificara suficientemente “una medida restrictiva y con alcance sancionador, anulándola de forma cautelar hasta tanto no se adecúe a derecho y se defina el alcance objetivo en relación a qué ciudadanos debe alcanzar”. |