Las familias en riesgo de exclusión social de Largo Caballero piden un alquiler social al Ayuntamiento de Alcobendas
Las familias que iban a ser desalojadas el lunes 19 de mayo de un edificio ocupado en Alcobendas consiguieron parar el desahucio el viernes 16 de mayo por la tarde.
Las familias que iban a ser desalojadas el lunes 19 de mayo de un edificio ocupado en Alcobendas consiguieron parar el desahucio el viernes 16 de mayo por la tarde.
Según las familias, el auto judicial alega que "las familias están en riesgo de exclusión social y no tienen otra opción habitacional"
Tras noches de insomnio y 11 días acampados en las puertas del Ayuntamiento, las familias afectadas durmieron este fin de semana más tranquilas tras confirmarles el juzgado de Alcobendas que se paralizaba el desalojo de las viviendas que ocupan en un edificio en la calle Francisco Largo Caballero.
Desalojo previsto para el 19 de mayo
El desalojo estaba previsto para el lunes 19 de mayo, pero tres días antes, el viernes 16 de mayo, llegó el auto judicial anunciando la decisión del juzgado, lo cual fue bienvenido por los afectados. Los vecinos se habían manifestado por la mañana a las puertas del juzgado, y a las 13:45 horas, una secretaria judicial les anunció que 22 de las 32 familias afectadas habían conseguido parar sus desalojos particulares.
El auto judicial entregado por la tarde a las familias confirmó que todas las familias afectadas se habían salvado del desalojo. Según los afectados, en la decisión ha pesado los expedientes de cada familia enviados por los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Alcobendas, en el que se deja constancia de sus ingresos y situación de cada una de las familias, el juzgado decidió parar el desalojo
Paralización provisional
Según una de las madres afectadas, Yasmina Neira, el auto dice que "la paralización es provisional, y argumenta que lo mejor para los niños es que se queden con sus familias en estas viviendas o en otras donde puedan ser realojadas".
Las familias afectadas piensan pedir que se les ofrezca un alquiler social (un alquiler de las viviendas por un precio acorde a sus ingresos económicos), ya sea en las viviendas ocupadas o bien en viviendas del Ayuntamiento.
Niegan las acusaciones de venta de drogas o suciedad
Las familias afectadas niegan los comentarios vertidos en los primeros meses de año sobre la presunta venta de drogas y suciedad en el edificio de viviendas a raíz de la ocupación masiva. Creen que ha sido una forma de confundir a la opinión pública para favorecer el desalojo sobre un edificio que, recuerdan, está sin habitar en la mayor parte de sus casas hasta la ocupación de estas familias. Por otro lado, sus propietarios no han denunciado la ocupación en este tiempo.
Por otro lado, si reconocen que en algún momento del año pasado "alguna persona ofreció alquilar una vivienda cuando en realidad no era el verdadero propietario, pero no por un precio desproporcionado, como se ha llegado a decir, sino por unos 230 euros al mes".
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Alcobendas San Sebastián de los Reyes ha calificado la paralización del desalojo como "un triunfo de la movilización vecinal". La PAH ha ayudado a las familias en los últimos meses ofreciéndose comida (a través de su banco de alimentos), y también como asesoramiento.
Escucha a Yasmina Neira, una de las madres de familia que iban a ser desalojadas de las viviendas de la calle Largo Caballero
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