Madrid Norte en la Onda de 12.30 a 14h. en Onda Cero Madrid Norte 100.1fm

"Estamos contentos con la sentencia contra los arquitectos de Guadalix"

Un jurado popular condenó a los acusados por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos en una vista celebrada los días 23 y 24 de mayo. (“haber realizado proyectos privados y al mismo tiempo haber emitido informes en la tramitación administrativa relativa a la aprobación y ejecución de dichos proyectos, conociendo la incompatibilidad para hacerlo”, según dice la sentencia). La sentencia incluye tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como al pago diario e individualizado de 20 euros durante 20 meses, lo que asciende a un monto de 12.000 euros.

Denuncia de Ecologistas en Acción

Los denunciantes, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida, han valorado “positivamente” la sentencia ya que además abre una investigación sobre un presunto delito de falsedad documental por parte del consistorio.

El asunto se retrotrae a 2007, cuando Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía una serie de hechos acaecidos en torno a dos desarrollos urbanísticos. Por un lado, que se habían comenzado las obras de construcción de calles de un desarrollo urbanístico que no había sido aprobado en el Ayuntamiento, y por otro lado, los arquitectos honoríficos de Guadalix de la Sierra habían realizado informes municipales favorables a dos proyectos urbanísticos que al mismo tiempo habían creado a través de la sociedad MDS Arquitectos S.L., de la que eran coadministradores.

Según Maria Angeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, en este “conflicto de interés” ambos arquitectos fueron “juez y parte”, incumpliendo con el aspecto de objetividad.  

La denuncia de Ecologistas en Acción incluía varias presuntas irregularidades urbanísticas, aunque en el juicio se vió únicamente el presunto delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios por parte de estos dos arquitectos. Jamie Benyi, antiguo portavoz de Izquierda Unida de Guadalix Sierra y conocedor del tema, señala que una parte de las viviendas ya están ejecutadas, aunque no todas, ya que luego llegó “la explosión de la burbuja inmobiliaria y no se hicieron las viviendas proyectadas”.

Ramificación de la sentencia

La sentencia tiene una ramificación ya que se ha abierto una pieza separada por “presunta falsedad documental cometida por el Ayuntamiento y posible falso testimonio del alcalde”. El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra remitió a la Audiencia Provincial informes idénticos a los que había presentado anteriormente al juzgado de Colmenar Viejo, pero figurando otro técnico, con firmas diferentes. Los primeros estaban firmados por los arquitectos condenados y los enviados a la Audiencia Provincial aparecían firmados por otras personas.

Por otro lado el alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste, que compareció en el juicio oral como testigo, negó que uno de los arquitectos, Rafael Martínez, emitiese informes durante la aprobación y ejecución de los proyectos relativos a la UE 5 y UE 7, cuando en el expediente administrativo remitido por el propio Ayuntamiento al juzgado de Colmenar Viejo, consta su firma en varios informes.

Por ambas circunstancias la magistrada de la Audiencia Provincial, tal y como se recoge en la propia sentencia, ha acordado la apertura de pieza separada para investigar si se cometió delito de falsedad documental por parte del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra y falso testimonio por el alcalde.