Pladigmare exige el cese de los servicios de inspección en las residencias públicas de Madrid
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE) denuncia que desde la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid se hace "caso omiso" a los ratios de personal en residencias
Los ratios marcan la necesidad de 47 trabajadores por cada 100 residente
En la Comunidad de Madrid, los servicios de Inspección de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, llevan años haciendo caso omiso de la normativa aplicable en materia de ratios de personal, a las residencias que forman parte de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, por tener dicha acreditación.
Así lo ha dado a conocer en un comunicado este lunes, señalando a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Ratios de personal en residencias
Según denuncia, la acreditación les capacita para tener residentes con la prestación económica vinculada al servicio (cheque-servicio) y para su obtención tienen que cumplir con las ratios de personal establecidos en el Acuerdo de Acreditación del año 2008: 0,28 para gerocultoras (28 gerocultoras por cada 100 residentes) y 0,47 contando a todo el personal (47 trabajadores por cada 100 residentes).
"Tenemos resoluciones que reflejan Actas de inspección desde el año 2020 en residencias privadas acreditadas, con residentes con la prestación económica vinculada al servicio, en las que se afirma, ante quejas interpuestas por familiares relativas a la escasez de personal, cumplir con las ratios de personal establecidas en la Orden 621/1990 de la Comunidad de Madrid, en donde se establecen unas ratios para todo el personal del 0,35 (35 trabajadores por cada100 residentes), inferiores a las del Acuerdo de Acreditación". Afirman desde la Plataforma.
El desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento
Además han hecho alusión a que si para cualquier ciudadano el desconocimiento de la ley, no excusa de su cumplimiento "¿qué decir para los servicios de inspección, de una administración pública, para la que no puede haber ni siquiera la excusa de su desconocimiento?"
"Nos hemos dirigido a la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales pidiendo el cese de los responsables de los servicios de Inspección de su Consejería, porque no existe error posible en esto, sino complicidad onegligencia grave y por las consecuencias que tiene para los cuidados y la atención que precisan las personas mayores, que viven en residencias privadas acreditadas y que forman parte del sistema de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, el hecho de que exista menos personal en estas residencias, del que están obligadas"
