Verdad y Justicia reclama aclarar que pasó en residencias de mayores de Madrid durante la pandemia
La Plataforma Verdad y Justicia sigue reclamando saber porqué hubo exceso de mortalidad en residencias de mayores de la región de Madrid durante la pandemia por la covid19
La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias impulsada por la plataforma ha presentado un informe con conclusiones sobre lo que se hizo mal
La Plataforma reclama justicia con los muertos, y afirma que “con una correcta atención sanitaria, se podrían haber evitado cuatro mil fallecimientos de los 7.291 muertes ocurridas en ese periodo”. También piden medidas para que no vuelva a repetirse
La Plataforma Verdad y Justicia sigue reclamando saber que ocurrió en las residencias de mayores de la región de Madrid durante la primera fase de la pandemia por la covid19. Y especialmente qué se hizo mal para que hubiera una alta mortalidad. Carmen Martín, representante de dicha plataforma, ha hablado sobre las conclusiones del informe realizado por la Comisión Ciudadana impulsada por la Plataforma para esclarecer dichos hechos. Dicha plataforma participa en la charla en Colmenar Viejo de este miércoles 26 de junio (19hs) en la sede de Ganemos Colmenar.
Martín, que también pertenece a Marea de Residencias, ha defendido dicha Comisión por la Verdad en las Residencias de Mayores. Relata que la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid tuvo unas seis sesiones, y se cerró con el anuncio de las elecciones regionales.
Por qué una comisión ciudadana sobre la Verdad en residencias
Señala que "los partidos políticos de la oposición pidieron la reapertura de la comisión a petición de las familias afectadas, pero el PP no lo aceptó". Al respecto, la portavoz de Verdad y Justicia defiende que es “importante saber lo que pasó en la comunidad de Madrid con el exceso de mortalidad en residencias en aquel momento, que además no hubo en otras comunidades. Primero por justicia con los muertos y también para que no vuelva a repetirse”, señala Carmen Martín.
“Es importante saber lo que pasó, que es lo que no se hizo adecuadamente, y quienes son los responsables de los protocolos de la vergüenza” dice Martín en alusión a protocolos que impidieron trasladar a ancianos a hospitales.
Por esa razón impulsaron una comisión formada por siete expertos de gran prestigio profesional, presidida por José Antonio Martín Pallín, juez emérito del Tribunal Supremo.
Entre la conclusiones, el informe presentado en marzo sobre las muertes de mayores en residencias señala que “más allá de las dificultades del contexto, se produjo una enorme falla de gestión. Las carencias organizativas de las residencias repercutieron en la posibilidad de que los residentes contactasen con sus familiares, provocando con ello un mayor aislamiento, mayor incertidumbre y sufrimiento de unos y otros”.
Sobre la medicalización de residencias de mayores
El informe también alude a la denominada ‘medicalización’ de las residencias de la que dice que “no se llevó a cabo de ningún modo. La llamada Operación Bicho, en principio dirigida a procurar la medicalización, fue un fiasco de enorme envergadura, tal y como demuestran las declaraciones de su responsable ante la Comisión de la Asamblea de Madrid. Todos los informes consultados, todas las declaraciones escuchadas (incluidas las del responsable de coordinación sanitaria de la Comunidad, señor Carlos Mur) apuntan hacia la misma dirección: los centros residenciales de personas mayores no fueron dotados de un mínimo personal sanitario que diese cuenta de lo indicado por el TSJ y que justificase la negativa a derivar a los hospitales a aquellos residentes que lo necesitaban”.
Protocolos
El informe también alude a una “serie de protocolos enviados desde la consejería de Sanidad”, que “implantó el bloqueo a las derivaciones hospitalarias de las personas residentes, impidiendo su acceso a la protección de la salud. Dicho cierre se produjo únicamente para los residentes pero no para las personas con seguro privado, tal como muestran los datos de la propia Comunidad de Madrid. Que, además, los criterios para las derivaciones no fueron clínicos sino planificados para un grupo de personas, discriminatorios por edad, discapacidad y enfermedad, es algo que se deduce sin dificultad de las decenas de declaraciones de personas que desde sus diferentes responsabilidades fueron testigos de la aplicación de aquellos protocolos”.
