El PSOE de Tres Cantos recuerda que sus alegaciones a la tasa de basuras fueron rechazadas por el Partido Popular

El Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos ha recordado que sus alegaciones a la ordenanza fiscal que regula la denominada tasa de basuras fueron rechazadas durante el proceso de aprobación, en el que la norma salió adelante únicamente con los votos favorables del Partido Popular.

La tasa, que comenzará a aplicarse en las próximas semanas a los hogares y empresas del municipio, deriva de la trasposición de una directiva europea sobre la gestión de residuos urbanos. El grupo socialista ha señalado que sus propuestas “habrían permitido reducir el importe medio del recibo” mediante la aplicación de distintas bonificaciones ambientales y sociales.

Bonificaciones propuestas

Entre las medidas presentadas por el PSOE se incluían reducciones para los vecinos que acreditaran el uso del punto limpio, la utilización de composteras municipales o la participación en programas de separación selectiva de residuos.
También plantearon bonificaciones para familias vulnerables y un descuento del 5 % para quienes prorratearan el pago de la tasa.

Según explicó la portavoz socialista, Silvia Lucena, “estas medidas habrían premiado el esfuerzo de quienes ya colaboran activamente en el reciclaje y la gestión responsable de los residuos”.

Posicionamiento del grupo

Lucena lamentó que las propuestas no fueran incorporadas a la ordenanza y recordó que, en su opinión, el sistema actual no permite aplicar el principio de que quien más contamina, más paga, ya que el cálculo de la tasa se basa en criterios como el valor catastral de los inmuebles o el número de empadronados, sin tener en cuenta la cantidad real de residuos generados.

El grupo socialista asegura que continuará presentando nuevas iniciativas para mejorar la aplicación de la tasa y adaptarla “al espíritu de la ley nacional de economía circular”.

Contexto

La ordenanza fiscal fue aprobada en el pleno municipal con los votos del Partido Popular. Desde el equipo de gobierno se ha defendido que la implantación de la tasa responde a una obligación legal derivada de la normativa europea, destinada a cubrir los costes reales de recogida y tratamiento de residuos, como ocurre en otros municipios de la Comunidad de Madrid.