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Economía

La Comunidad de Madrid abre el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos

Nota de Prensa

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Comunidad de Madrid.- La Comunidad de Madrid pone en marcha las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos coincidiendo con la campaña navideña y una vez se han publicado las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Se trata de una línea dotada con 1,8 millones de euros que pretende impulsar el ahorro y reducir el consumo de energía en lavadoras, lavavajillas y frigoríficos/frigoríficos-combi mediante la  adquisición de nuevos electrodomésticos con etiquetado energético A+++.

Todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen beneficiarse de estas ayudas deberán obtener un bono a través de la página web del Plan Renove de Electrodomésticos (https://www.electrodomesticos.sedefenercom.com/) que podrán canjear presencialmente en un  establecimiento comercial adherido a este programa durante las 48 horas siguientes a su emisión.

El importe de las ayudas ascenderá a 150 euros en frigoríficos y frigoríficos combi, 110 euros en lavavajillas y 70 euros en el caso de las lavadoras, no pudiendo superar el 25% del importe de la inversión subvencionable. De este modo, se subvencionará hasta un máximo de un electrodoméstico por cada tipo (lavadoras, lavavajillas y frigoríficos/frigoríficos combi) por persona física o jurídica, siempre que la inversión tenga como destino final la sustitución de un electrodoméstico ya existente y su instalación se realice dentro de la Comunidad de Madrid. Además, el electrodoméstico nuevo debe estar incluido en la base de datos de electrodomésticos con etiquetado energético de clase A +++ habilitada para el desarrollo del Plan Renove de Electrodomésticos y elaborada por la Fundación de la Energía con los datos  facilitados por los fabricantes de electrodomésticos.

La Comunidad de Madrid ofrece también toda la información disponible sobre estas ayudas, así como un documento de preguntas frecuentes para aclarar cualquier duda sobre los requisitos y trámites de la solicitud, a través de la página web de la Fundación de la Energía www.fenercom.com

Economía

Flexibilizar los ERTES y que no cuente como dos pagadores, entre las ’25 propuestas para superar la crisis’ de los gestores

Sonia Crespo

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¿Qué medidas plantean los gestores para tratar de sobrellevar las consecuencias económicas de la COVID para empresas, autónomos y trabajadores? Si ya conocimos sus propuestas en la digitalización del sistema, hoy hablaremos de las que tienen que ver con el ámbito laboral y financiero. Comentamos estas propuestas con nuestro gestor Francisco López Colmenarejo.

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha emitido un documento bajo el título: ’25 propuestas para superar la crisis’.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Creación de dos figuras institucionales:
1. Comisionado para la transformación digital de la gestión administrativa, figura transversal a todos los Ministerios.
2. Consejo Superior de Tramitación Administrativa Pública, órgano de la sociedad civil que reúne a todos los actores implicados en la mejora de la tramitación.
3. Creación y diseño de un cuadro de mando general de tramitación administrativa que fije indicadores de gestión y objetivos de evolución.
4. Elaboración de auditorías externas a la Administración que evalúen la usabilidad de los servicios de tramitación electrónica.
5. Generar la figura del Habilitado Administrativo Electrónico y dotarlo de ciertas capacidades en la tramitación administrativa (presunción de representación, exigencias, controles…).
6. Crear la Agencia Estatal de Tramitación Administrativa que permita a los diferentes organismos de la Administración General del Estado contar con una herramienta que procese de modo masivo, en tiempo y forma, los expedientes presentados.

MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL

7. Creación de una Plataforma Especial en la cual todas las empresas suban sus datos respecto del ERTE, para que cada organismo (SEPE, TGSS, Inspección, etc…) acceda a ella sin necesidad de que la empresa deba enviar la misma información a varios organismos. Coordinación de Gestión Documental.
8. Crear transitoriamente en los Juzgados de lo Social un refuerzo procesal en cada sede judicial con Juzgado de lo Social, que conozca de las cuestiones derivadas del COVID19, y especialmente de los ERTE. De tal manera que cuando estos ERTE finalicen desaparezcan también estos Juzgados de refuerzo.
9. Crear una comisión de análisis de la normativa relacionada con los ERTE con el objetivo de redactar una norma consistente, de utilidad en casos excepcionales y no excepcionales, donde tan sólo haya que establecer las ayudas pertinentes en cada caso, pero con un trámite unificado y sencillo. A la vez, la comisión debería proponer las interpretaciones a las normas que se han venido aprobando y que van a generar múltiples acciones en los tribunales. Adicionalmente, y dado que la transitoriedad de la norma se ha convertido casi en una situación estructural, determinados aspectos, como la protección del empleo, aprobados en base a esa transitoriedad han de ser reconsiderados.
10. La derogación del art. 23 del RDL 8/2020, que incorpora a los Sindicatos en la comisión representativa de las empresas en las que no hay representación legal de los trabajadores.
11. Impulso de políticas activas de empleo con medidas liberalizadoras (que demostraron efectividad en la última crisis).
12. Pactar con los agentes sociales un período de mantenimiento de la normativa laboral, mantenimiento del SMI y otros aspectos en tanto no se produce una clara recuperación del mercado laboral y de la situación económica. Por ejemplo, como elemento que determine el fin de esa situación, establecer el paro en niveles anteriores a la pandemia.
13. Potenciar la contratación (indefinida o no). Contratos especiales de trabajo, con coste cero de Seguridad Social y otras ayudas. Mejorar las ayudas a las nuevas contrataciones (que están siendo demasiado cambiantes).
14. Flexibilización de los ERTE, con la posibilidad de movilizar los trabajadores incorporados en ERTE a través de contratos temporales o como autónomos, por ejemplo.

MEDIDAS FINANCIERO-FISCALES QUE MEJOREN LA LIQUIDEZ DE LAS PYME

15. Análisis del funcionamiento real de la Línea de avales ICO-Covid19. Adaptar las líneas a las necesidades surgidas por el alargamiento de la crisis sanitaria. Eliminar en la ampliación del plazo de carencia y de la amortización la obligación de estar al día con hacienda y con la seguridad social. Analizar la reestructuración de deuda anterior a la pandemia para acomodar los pagos a las facturaciones actuales. Parte de las nuevas ayudas públicas deben ser en forma de capital. Se debe favorecer la reestructuración de la deuda de las empresas, bien mediante quitas o canje de parte de la deuda por capital. Establecer instrumento de naturaleza público-privada para que los bancos de inversión y los fondos de inversión ayuden a las PYME a salir de la crisis. Agilizar los pagos de la Administración, que ahogan a las PYME. Respetar los plazos de los pagos a proveedores, que para la Administración están establecidos en un máximo de 30 días.
16. Diferir el pago de impuestos y cotizaciones sociales de las PYME, que lo requieran, hasta finales de 2021, sin intereses. Además, hay que reformular los límites en los diferimientos para no solicitar avales adicionales y ajustar fraccionamientos a plazos realistas para el pago de estos.
17. Se debería reducir el tipo del IVA a los sectores más perjudicados por la hibernación,como el sector hostelero, el hotelero y el transporte. Asimismo, no se debe incrementar la fiscalidad sobre combustibles (uno de los costes importantes para gran parte de sectores). Bajar el IVA de la energía. Deberían quedar también exentas de impuestos todas las ayudas que se están aprobando para paliar los efectos negativos de la COVID. Analizar bonificaciones y deducciones para personas y negocios afectados por la pandemia (se adjunta anexo con relación de medidas).
18. Hay que mantener el impuesto de matriculaciones por el impacto negativo que tendrá sobre las concesiones de automóviles, que en la mayoría de los casos son PYME. En caso de no poder retrasar la entrada en vigor del cambio de cálculo de este impuesto (en base a las emisiones de CO2), analizar ayudas al sector para minimizar el aspecto negativo de esta medida.
19. Asimismo, es completamente inadecuado el tipo de intereses legal que se aplica del 3,75% para los retrasos en los pagos. Para las PYMES este no debería ser superior al 1,75 %.
20. Creación de una cuenta corriente tributaria para que las PYME puedan compensar sus pagos a Hacienda, incluidas las cotizaciones sociales, y el cobro de devoluciones sociales e, incluso, de las subvenciones públicas.
21. Es necesario reformar los mecanismos de insolvencia, tanto judiciales como extrajudiciales, para agilizarlos y que sean más eficientes de cara a favorecer la viabilidad de las PYME. Crear un registro de empresas en pre-concurso. Agilizar, en general, los procesos judiciales pues de lo contrario ¿estamos hablando de justicia? Aclarar la ley de segunda oportunidad para permitir empezar de nuevo a los negocios que han desaparecido o van a desaparecer por la pandemia.
22. Consideramos necesario profesionalizar la gestión de tesorería de las PYME. Sepropone que desde la Dirección General de Industria y de la PYME se cree una línea de subvenciones destinada a que las PYME puedan contratar servicios externos que les faciliten dicha profesionalización. Estas subvenciones se pueden dirigir también a la reestructuración operativa que ayude al negocio a ser más eficiente.23. Los departamentos de riesgo de las entidades financieras han endurecido sus criterios para aprobar operaciones con las PYME. Entre otras, líneas de confirming (anticipo de pagos a proveedores), factoring (anticipo de pagos a clientes) y otros productos que permitan movilizar las facturas emitidas por los clientes de las PYME. Debido a la situación actual, en el que gran parte de las PYME van a presentar resultados negativos, aún será más complicado conseguir la aprobación de dichas líneas, salvo que cuenten con una póliza de seguro que pague aquellos pagos anticipados por los bancos y no atendidos. Se propone que se subvencionen los seguros de cobro para este tipo de instrumentos, de forma que se facilite su aprobación por parte de los distintos departamentos de riesgos de las entidades financieras.
24. A menudo, se producen siniestros de distinto tipo que cuentan con un seguro contratado por la PYME que ha sufrido el mismo. El retraso en su cobro suele implicar problemas para la liquidez de la PYME, por lo que se propone la creación de una línea de anticipo de los pagos correspondientes a los seguros cuyo siniestro haya sido confirmado para evitar dichos problemas de tesorería.
25. La diferente regulación en cada Comunidad Autónoma, así como los cambios legislativos que generan falta de seguridad jurídica de cara a las actividades afectadas por dichos cambios, provocan la huida de las inversiones de los sectores afectados, así como las dudas de los mismos respecto a las implicaciones de dichas inversiones según la Comunidad Autónoma en la que se realicen. Por ello, es importante profundizar en la Unidad del Mercado y facilitar la seguridad jurídica mediante una normativa estable que no cambie las condiciones por las que los inversores tomaron su decisión.

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Economía

Los gestores lanzan ’25 propuestas para superar la crisis’

Sonia Crespo

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El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha emitido un documento bajo el título: ’25 propuestas para superar la crisis’. Comentamos estas propuestas con nuestro gestor Francisco López Colmenarejo.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Creación de dos figuras institucionales:
1. Comisionado para la transformación digital de la gestión administrativa, figura transversal a todos los Ministerios.
2. Consejo Superior de Tramitación Administrativa Pública, órgano de la sociedad civil que reúne a todos los actores implicados en la mejora de la tramitación.
3. Creación y diseño de un cuadro de mando general de tramitación administrativa que fije indicadores de gestión y objetivos de evolución.
4. Elaboración de auditorías externas a la Administración que evalúen la usabilidad de los servicios de tramitación electrónica.
5. Generar la figura del Habilitado Administrativo Electrónico y dotarlo de ciertas capacidades en la tramitación administrativa (presunción de representación, exigencias, controles…).
6. Crear la Agencia Estatal de Tramitación Administrativa que permita a los diferentes organismos de la Administración General del Estado contar con una herramienta que procese de modo masivo, en tiempo y forma, los expedientes presentados.

MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL

7. Creación de una Plataforma Especial en la cual todas las empresas suban sus datos respecto del ERTE, para que cada organismo (SEPE, TGSS, Inspección, etc…) acceda a ella sin necesidad de que la empresa deba enviar la misma información a varios organismos. Coordinación de Gestión Documental.
8. Crear transitoriamente en los Juzgados de lo Social un refuerzo procesal en cada sede judicial con Juzgado de lo Social, que conozca de las cuestiones derivadas del COVID19, y especialmente de los ERTE. De tal manera que cuando estos ERTE finalicen desaparezcan también estos Juzgados de refuerzo.
9. Crear una comisión de análisis de la normativa relacionada con los ERTE con el objetivo de redactar una norma consistente, de utilidad en casos excepcionales y no excepcionales, donde tan sólo haya que establecer las ayudas pertinentes en cada caso, pero con un trámite unificado y sencillo. A la vez, la comisión debería proponer las interpretaciones a las normas que se han venido aprobando y que van a generar múltiples acciones en los tribunales. Adicionalmente, y dado que la transitoriedad de la norma se ha convertido casi en una situación estructural, determinados aspectos, como la protección del empleo, aprobados en base a esa transitoriedad han de ser reconsiderados.
10. La derogación del art. 23 del RDL 8/2020, que incorpora a los Sindicatos en la comisión representativa de las empresas en las que no hay representación legal de los trabajadores.
11. Impulso de políticas activas de empleo con medidas liberalizadoras (que demostraron efectividad en la última crisis).
12. Pactar con los agentes sociales un período de mantenimiento de la normativa laboral, mantenimiento del SMI y otros aspectos en tanto no se produce una clara recuperación del mercado laboral y de la situación económica. Por ejemplo, como elemento que determine el fin de esa situación, establecer el paro en niveles anteriores a la pandemia.
13. Potenciar la contratación (indefinida o no). Contratos especiales de trabajo, con coste cero de Seguridad Social y otras ayudas. Mejorar las ayudas a las nuevas contrataciones (que están siendo demasiado cambiantes).
14. Flexibilización de los ERTE, con la posibilidad de movilizar los trabajadores incorporados en ERTE a través de contratos temporales o como autónomos, por ejemplo.

MEDIDAS FINANCIERO-FISCALES QUE MEJOREN LA LIQUIDEZ DE LAS PYME

15. Análisis del funcionamiento real de la Línea de avales ICO-Covid19. Adaptar las líneas a las necesidades surgidas por el alargamiento de la crisis sanitaria. Eliminar en la ampliación del plazo de carencia y de la amortización la obligación de estar al día con hacienda y con la seguridad social. Analizar la reestructuración de deuda anterior a la pandemia para acomodar los pagos a las facturaciones actuales. Parte de las nuevas ayudas públicas deben ser en forma de capital. Se debe favorecer la reestructuración de la deuda de las empresas, bien mediante quitas o canje de parte de la deuda por capital. Establecer instrumento de naturaleza público-privada para que los bancos de inversión y los fondos de inversión ayuden a las PYME a salir de la crisis. Agilizar los pagos de la Administración, que ahogan a las PYME. Respetar los plazos de los pagos a proveedores, que para la Administración están establecidos en un máximo de 30 días.
16. Diferir el pago de impuestos y cotizaciones sociales de las PYME, que lo requieran, hasta finales de 2021, sin intereses. Además, hay que reformular los límites en los diferimientos para no solicitar avales adicionales y ajustar fraccionamientos a plazos realistas para el pago de estos.
17. Se debería reducir el tipo del IVA a los sectores más perjudicados por la hibernación,como el sector hostelero, el hotelero y el transporte. Asimismo, no se debe incrementar la fiscalidad sobre combustibles (uno de los costes importantes para gran parte de sectores). Bajar el IVA de la energía. Deberían quedar también exentas de impuestos todas las ayudas que se están aprobando para paliar los efectos negativos de la COVID. Analizar bonificaciones y deducciones para personas y negocios afectados por la pandemia (se adjunta anexo con relación de medidas).
18. Hay que mantener el impuesto de matriculaciones por el impacto negativo que tendrá sobre las concesiones de automóviles, que en la mayoría de los casos son PYME. En caso de no poder retrasar la entrada en vigor del cambio de cálculo de este impuesto (en base a las emisiones de CO2), analizar ayudas al sector para minimizar el aspecto negativo de esta medida.
19. Asimismo, es completamente inadecuado el tipo de intereses legal que se aplica del 3,75% para los retrasos en los pagos. Para las PYMES este no debería ser superior al 1,75 %.
20. Creación de una cuenta corriente tributaria para que las PYME puedan compensar sus pagos a Hacienda, incluidas las cotizaciones sociales, y el cobro de devoluciones sociales e, incluso, de las subvenciones públicas.
21. Es necesario reformar los mecanismos de insolvencia, tanto judiciales como extrajudiciales, para agilizarlos y que sean más eficientes de cara a favorecer la viabilidad de las PYME. Crear un registro de empresas en pre-concurso. Agilizar, en general, los procesos judiciales pues de lo contrario ¿estamos hablando de justicia? Aclarar la ley de segunda oportunidad para permitir empezar de nuevo a los negocios que han desaparecido o van a desaparecer por la pandemia.
22. Consideramos necesario profesionalizar la gestión de tesorería de las PYME. Sepropone que desde la Dirección General de Industria y de la PYME se cree una línea de subvenciones destinada a que las PYME puedan contratar servicios externos que les faciliten dicha profesionalización. Estas subvenciones se pueden dirigir también a la reestructuración operativa que ayude al negocio a ser más eficiente.23. Los departamentos de riesgo de las entidades financieras han endurecido sus criterios para aprobar operaciones con las PYME. Entre otras, líneas de confirming (anticipo de pagos a proveedores), factoring (anticipo de pagos a clientes) y otros productos que permitan movilizar las facturas emitidas por los clientes de las PYME. Debido a la situación actual, en el que gran parte de las PYME van a presentar resultados negativos, aún será más complicado conseguir la aprobación de dichas líneas, salvo que cuenten con una póliza de seguro que pague aquellos pagos anticipados por los bancos y no atendidos. Se propone que se subvencionen los seguros de cobro para este tipo de instrumentos, de forma que se facilite su aprobación por parte de los distintos departamentos de riesgos de las entidades financieras.
24. A menudo, se producen siniestros de distinto tipo que cuentan con un seguro contratado por la PYME que ha sufrido el mismo. El retraso en su cobro suele implicar problemas para la liquidez de la PYME, por lo que se propone la creación de una línea de anticipo de los pagos correspondientes a los seguros cuyo siniestro haya sido confirmado para evitar dichos problemas de tesorería.
25. La diferente regulación en cada Comunidad Autónoma, así como los cambios legislativos que generan falta de seguridad jurídica de cara a las actividades afectadas por dichos cambios, provocan la huida de las inversiones de los sectores afectados, así como las dudas de los mismos respecto a las implicaciones de dichas inversiones según la Comunidad Autónoma en la que se realicen. Por ello, es importante profundizar en la Unidad del Mercado y facilitar la seguridad jurídica mediante una normativa estable que no cambie las condiciones por las que los inversores tomaron su decisión.

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