Conecta con nosotros

Economía

Los gestores lanzan ’25 propuestas para superar la crisis’

Escrito hace

11 meses

el

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha emitido un documento bajo el título: ’25 propuestas para superar la crisis’. Comentamos estas propuestas con nuestro gestor Francisco López Colmenarejo.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Creación de dos figuras institucionales:
1. Comisionado para la transformación digital de la gestión administrativa, figura transversal a todos los Ministerios.
2. Consejo Superior de Tramitación Administrativa Pública, órgano de la sociedad civil que reúne a todos los actores implicados en la mejora de la tramitación.
3. Creación y diseño de un cuadro de mando general de tramitación administrativa que fije indicadores de gestión y objetivos de evolución.
4. Elaboración de auditorías externas a la Administración que evalúen la usabilidad de los servicios de tramitación electrónica.
5. Generar la figura del Habilitado Administrativo Electrónico y dotarlo de ciertas capacidades en la tramitación administrativa (presunción de representación, exigencias, controles…).
6. Crear la Agencia Estatal de Tramitación Administrativa que permita a los diferentes organismos de la Administración General del Estado contar con una herramienta que procese de modo masivo, en tiempo y forma, los expedientes presentados.

MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL

7. Creación de una Plataforma Especial en la cual todas las empresas suban sus datos respecto del ERTE, para que cada organismo (SEPE, TGSS, Inspección, etc…) acceda a ella sin necesidad de que la empresa deba enviar la misma información a varios organismos. Coordinación de Gestión Documental.
8. Crear transitoriamente en los Juzgados de lo Social un refuerzo procesal en cada sede judicial con Juzgado de lo Social, que conozca de las cuestiones derivadas del COVID19, y especialmente de los ERTE. De tal manera que cuando estos ERTE finalicen desaparezcan también estos Juzgados de refuerzo.
9. Crear una comisión de análisis de la normativa relacionada con los ERTE con el objetivo de redactar una norma consistente, de utilidad en casos excepcionales y no excepcionales, donde tan sólo haya que establecer las ayudas pertinentes en cada caso, pero con un trámite unificado y sencillo. A la vez, la comisión debería proponer las interpretaciones a las normas que se han venido aprobando y que van a generar múltiples acciones en los tribunales. Adicionalmente, y dado que la transitoriedad de la norma se ha convertido casi en una situación estructural, determinados aspectos, como la protección del empleo, aprobados en base a esa transitoriedad han de ser reconsiderados.
10. La derogación del art. 23 del RDL 8/2020, que incorpora a los Sindicatos en la comisión representativa de las empresas en las que no hay representación legal de los trabajadores.
11. Impulso de políticas activas de empleo con medidas liberalizadoras (que demostraron efectividad en la última crisis).
12. Pactar con los agentes sociales un período de mantenimiento de la normativa laboral, mantenimiento del SMI y otros aspectos en tanto no se produce una clara recuperación del mercado laboral y de la situación económica. Por ejemplo, como elemento que determine el fin de esa situación, establecer el paro en niveles anteriores a la pandemia.
13. Potenciar la contratación (indefinida o no). Contratos especiales de trabajo, con coste cero de Seguridad Social y otras ayudas. Mejorar las ayudas a las nuevas contrataciones (que están siendo demasiado cambiantes).
14. Flexibilización de los ERTE, con la posibilidad de movilizar los trabajadores incorporados en ERTE a través de contratos temporales o como autónomos, por ejemplo.

MEDIDAS FINANCIERO-FISCALES QUE MEJOREN LA LIQUIDEZ DE LAS PYME

15. Análisis del funcionamiento real de la Línea de avales ICO-Covid19. Adaptar las líneas a las necesidades surgidas por el alargamiento de la crisis sanitaria. Eliminar en la ampliación del plazo de carencia y de la amortización la obligación de estar al día con hacienda y con la seguridad social. Analizar la reestructuración de deuda anterior a la pandemia para acomodar los pagos a las facturaciones actuales. Parte de las nuevas ayudas públicas deben ser en forma de capital. Se debe favorecer la reestructuración de la deuda de las empresas, bien mediante quitas o canje de parte de la deuda por capital. Establecer instrumento de naturaleza público-privada para que los bancos de inversión y los fondos de inversión ayuden a las PYME a salir de la crisis. Agilizar los pagos de la Administración, que ahogan a las PYME. Respetar los plazos de los pagos a proveedores, que para la Administración están establecidos en un máximo de 30 días.
16. Diferir el pago de impuestos y cotizaciones sociales de las PYME, que lo requieran, hasta finales de 2021, sin intereses. Además, hay que reformular los límites en los diferimientos para no solicitar avales adicionales y ajustar fraccionamientos a plazos realistas para el pago de estos.
17. Se debería reducir el tipo del IVA a los sectores más perjudicados por la hibernación,como el sector hostelero, el hotelero y el transporte. Asimismo, no se debe incrementar la fiscalidad sobre combustibles (uno de los costes importantes para gran parte de sectores). Bajar el IVA de la energía. Deberían quedar también exentas de impuestos todas las ayudas que se están aprobando para paliar los efectos negativos de la COVID. Analizar bonificaciones y deducciones para personas y negocios afectados por la pandemia (se adjunta anexo con relación de medidas).
18. Hay que mantener el impuesto de matriculaciones por el impacto negativo que tendrá sobre las concesiones de automóviles, que en la mayoría de los casos son PYME. En caso de no poder retrasar la entrada en vigor del cambio de cálculo de este impuesto (en base a las emisiones de CO2), analizar ayudas al sector para minimizar el aspecto negativo de esta medida.
19. Asimismo, es completamente inadecuado el tipo de intereses legal que se aplica del 3,75% para los retrasos en los pagos. Para las PYMES este no debería ser superior al 1,75 %.
20. Creación de una cuenta corriente tributaria para que las PYME puedan compensar sus pagos a Hacienda, incluidas las cotizaciones sociales, y el cobro de devoluciones sociales e, incluso, de las subvenciones públicas.
21. Es necesario reformar los mecanismos de insolvencia, tanto judiciales como extrajudiciales, para agilizarlos y que sean más eficientes de cara a favorecer la viabilidad de las PYME. Crear un registro de empresas en pre-concurso. Agilizar, en general, los procesos judiciales pues de lo contrario ¿estamos hablando de justicia? Aclarar la ley de segunda oportunidad para permitir empezar de nuevo a los negocios que han desaparecido o van a desaparecer por la pandemia.
22. Consideramos necesario profesionalizar la gestión de tesorería de las PYME. Sepropone que desde la Dirección General de Industria y de la PYME se cree una línea de subvenciones destinada a que las PYME puedan contratar servicios externos que les faciliten dicha profesionalización. Estas subvenciones se pueden dirigir también a la reestructuración operativa que ayude al negocio a ser más eficiente.23. Los departamentos de riesgo de las entidades financieras han endurecido sus criterios para aprobar operaciones con las PYME. Entre otras, líneas de confirming (anticipo de pagos a proveedores), factoring (anticipo de pagos a clientes) y otros productos que permitan movilizar las facturas emitidas por los clientes de las PYME. Debido a la situación actual, en el que gran parte de las PYME van a presentar resultados negativos, aún será más complicado conseguir la aprobación de dichas líneas, salvo que cuenten con una póliza de seguro que pague aquellos pagos anticipados por los bancos y no atendidos. Se propone que se subvencionen los seguros de cobro para este tipo de instrumentos, de forma que se facilite su aprobación por parte de los distintos departamentos de riesgos de las entidades financieras.
24. A menudo, se producen siniestros de distinto tipo que cuentan con un seguro contratado por la PYME que ha sufrido el mismo. El retraso en su cobro suele implicar problemas para la liquidez de la PYME, por lo que se propone la creación de una línea de anticipo de los pagos correspondientes a los seguros cuyo siniestro haya sido confirmado para evitar dichos problemas de tesorería.
25. La diferente regulación en cada Comunidad Autónoma, así como los cambios legislativos que generan falta de seguridad jurídica de cara a las actividades afectadas por dichos cambios, provocan la huida de las inversiones de los sectores afectados, así como las dudas de los mismos respecto a las implicaciones de dichas inversiones según la Comunidad Autónoma en la que se realicen. Por ello, es importante profundizar en la Unidad del Mercado y facilitar la seguridad jurídica mediante una normativa estable que no cambie las condiciones por las que los inversores tomaron su decisión.

Comunidad Madrid

La Comunidad de Madrid aprueba la Ley de Defensa Autonomía Financiera para blindarse ante subidas estatales de impuestos

Escrito hace

6 días

el

19/01/2022
Ley de Defensa de la Autonomía Financiera

  • Obliga a los poderes públicos madrileños a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance ante las normas que infrinjan su corresponsabilidad fiscal

  • El libre ejercicio de esa autonomía ha hecho de Madrid la mayor economía de España sumando 17 años de bajadas de impuestos

Comunidad de Madrid – El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera para blindar su política económica y fiscal de la que prepara el Gobierno de España y que supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos. El objetivo es proteger los derechos reconocidos en esta materia a la región a través de la Constitución española -artículo 156- y su Estatuto de Autonomía –artículo 51-.

Así, la Comunidad de Madrid podrá salvaguardar el ejercicio de su autonomía financiera, tanto desde la vertiente de los gastos como de los ingresos, imponiendo a los poderes públicos regionales su defensa de cualquier intento de menoscabarla.

En este sentido, se obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance en la legislación nacional, europea o internacional, ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región.

La norma regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.

Asimismo, se garantiza la transparencia en la información sobre la actividad financiera de la Comunidad de Madrid y el funcionamiento y control de la actuación pública tributaria. De este modo, se informará a los ciudadanos madrileños, entre otros aspectos, del destino final de la aportación que realizan a los ingresos públicos, o de su situación tributaria en relación con otras comunidades autónomas o, en su caso, regiones extranjeras.

IMPEDIR SUBIDAS DE IMPUESTOS A LOS MADRILEÑOS

Con la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera y Fiscal, que se inicia ahora su tramitación legislativa para su aprobación en la Asamblea de Madrid, la Comunidad de Madrid se dota de un nuevo instrumento jurídico que le permitirá salvaguardar sus competencias en materia tributaria y hacer frente a una denominada armonización fiscal. Esta iniciativa del Gobierno de la nación sólo busca subir los impuestos a los madrileños y mermar la libertad de la región para gestionar su economía.

El libre ejercicio de esa autonomía financiera, gracias a 17 años de bajadas fiscales por los sucesivos gobiernos regionales, ha permitido un ahorro cercano a los 53.000 millones de euros, es decir, 16.500 euros por contribuyente.
Además, los impuestos bajos, junto a una política de gasto eficiente y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, han convertido a Madrid en la mayor economía de España, siendo la región que más aporta al PIB nacional, con un 19,3% en 2019, según la contabilidad regional del INE. Madrid es también, con diferencia, la comunidad más atractiva para la inversión extranjera, atrayendo el 73,3% del total estatal en el tercer trimestre de 2021.

Continuar leyendo

Comunidad Madrid

Más de 50.000 firmas ciudadanas para que no se tramite la Ley Ómnibus del Gobierno de Díaz Ayuso

Escrito hace

6 días

el

19/01/2022
firmas contra la Ley Ómnibus de Díaz Ayuso

  • En tan solo 20 días, 51.700 personas han firmado la petición dirigida a la presidenta Isabel Díaz Ayuso para que retire el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid.

  • Representantes de más de 40 colectivos se han dado cita en la Puerta del Sol de Madrid para hacer entrega a la presidenta de las firmas recogidas y pedir que escuche la voz de la ciudadanía.

Ecologistas en Acción – Cuarenta y siete colectivos -entre los que se encuentran asociaciones ecologistas, vecinales, urbanistas, de defensa del patrimonio cultural, de defensa de la sanidad pública, sindicatos, asociaciones del taxi, de la EMT, de defensa de la vivienda, contra los fondos buitre, de consumidores, de educación- se han dado cita en la Puerta del Sol. Representan diferentes sectores afectados por el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid del gobierno de Díaz Ayuso, conocido como Ley Ómnibus.

Con la entrega de las 51.700 firmas piden a la presidenta Díaz Ayuso que paralice la modificación  de 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid, entre ellas leyes de suelo y urbanismo, de protección de la naturaleza, de espacios protegidos, forestal, sanitarias, de transporte público, etc.

Explican en su nota que: «bajo el falso enunciado de ‘impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’,  se introduce un conjunto de medidas que en realidad facilitan la destrucción de la naturaleza (permiten la caza en zonas hasta ahora prohibidas de espacios protegidos, la tala de bosques sin autorización) desregula el urbanismo para poder construir en cualquier parte independientemente de su protección, y suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos (sanitarios, del transporte público) y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes».

«A partir de ahora es necesario organizar un frente común para parar este despropósito, afirman los representantes de los diferentes colectivos. Su intención es entrar en contacto con diferentes grupos parlamentarios por si fuera necesario recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional», señala el comunicado.

En plenas fiestas navideñas el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso publicó el 23 de diciembre en el portal de transparencia el anuncio de trámite de audiencia e información públicas del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, estableciendo el reducido plazo de 7 días hábiles, entre Noche Buena y Noche Vieja, para la presentación de alegaciones.

Continuar leyendo