UPA argumenta en el Supremo la necesidad de pagar justamente a los productores de leche

La organización de ganadores y agricultores UPA ha defendido en el Tribunal Supremo la necesidad de que la industria láctea pague de manera justa a los productores de leche para asegurar su viabilidad

La entidad señala que “pagar a pérdidas” a los productores, como defiende la industria láctea, provoca que se vayan a cerrar explotaciones ganaderas

UPA considera que la federación de Industrias Lácteas (Fenil) busca “torpedear” la Ley de Cadena Alimentaria que prohíbe comprar cualquier alimento a un precio inferior a los costes del eslabón inferior

La organización agroganadera UPA ha presentado un informe pericial en el Tribunal Supremo con argumentos a favor de que la industria láctea pague de manera justa a los productores de leche. Lo cierto es que los productores de lácteo, así como de otros sectores primarios, se han quejado desde hace años de que no se cumple la ley de Cadena Alimentaria. Por ejemplo, en el verano de 2021, el ganadero colmenareño Eugenio de la Morena ya reclamó a través de Onda Cero Madrid Norte a la administración pública que “haga cumplir la Ley de Cadena Alimentaria”. 

La pasada semana, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo acogió una sesión de presentación de informes periciales por parte de la industria y de la asociación de ganaderos y agricultores. Estos informes son pruebas argumentales por parte de cada una de las partes.

Qué dice el informe pericial de UPA

Representantes de UPA, encabezados por el secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia, Roberto García, presentaron un informe pericial que desmonta los argumentos de la industria. Según la asociación, demuestra con hechos y cifras, que la prohibición de las compras a pérdidas es un elemento “ajustado a derecho que debe seguir plenamente en vigor, cumpliéndose y haciéndose cumplir por las autoridades responsables”.

El informe técnico intenta rebatir el presentado por Fenil en su demanda. Entre los datos aportados por UPA está la reducción progresiva de granjas, la atomización de los productores frente a la concentración de la industria transformadora o la evolución de los precios medios en origen de los últimos años.

UPA asegura que Fenil pretende acabar con la prohibición de la compra a pérdidas en el sector de la leche presentando “una situación idílica donde productores e industria tienen el mismo poder negociador”.

La asociación de ganaderos y agricultores defiende sin embargo que se observa una “imposición unilateral de todas las condiciones de contratación” por parte de la industria. Y eso “a pesar de las mejoras introducidas” en las normativas, que “siguen siendo insuficientes para equilibrar” la balanza.

Entre ellas, subraya que “el 90 %” de la industria láctea no cumple con la obligación de presentar la oferta de renovación de los contratos con dos meses de antelación sino que se hace “15 días” antes del vencimiento, “sin previa oferta”. Según UPA esto deja “sin ningún tipo de margen” al ganadero para que busque otro comprador que más le convenga.

“Las industrias no quieren pagar precios justos”

García ha asegurado que las industrias lácteas “quieren ejercer un derecho de pernada, de imposición de precios, al eslabón más bajo, como vienen haciendo desde el año 2000”. Añade que en ese año había en España unas 60.000 granjas lácteas, y que “hoy quedan poco más de 10.000”. Y la reducción de explotaciones ganaderas lácteas se debe “a la crisis de rentabilidad impuesta por las industrias a los ganaderos, con la colaboración de las grandes cadenas de la distribución”.

Roberto García ha asegurado que las industrias “quieren seguir imponiendo unilateralmente los precios” sin tener en cuenta ni los costes de producción ni la situación del mercado. Y afirma que “lo están volviendo a hacer en los contratos que se están renovando desde el pasado mes de abril”.

Los ganaderos esperan que el Tribunal Supremo les dé la razón y se frene así este comportamiento que han calificado de “éticamente impresentable” de la industria. Se espera que el dictamen pueda tardar unos meses.