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Educación | Madrid Norte

El PP ha cedido 80 parcelas educativas públicas a la gestión privada desde 1999, según UGT

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3 semanas

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El PP ha cedido 80 parcelas educativas públicas a la gestión privada desde 1999, según UGT
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UGT ha denunciado la cesión de 80 parcelas educativas de suelo público a la gestión privada desde 1999. Supondría unos 1,6 millones de metros cuadrados, según el estudio del sindicato

El estudio pretende denunciar “el nivel de privatización y substracción de bienes públicos de toda la ciudadanía, para enriquecimiento y negocio particulares”

Escucha a Isabel Blanco, Responsable de Estudios de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid

UGT dice que “el planteamiento de que para tener libertad de elección de centro debe de existir una oferta pública y privada financiada con fondos públicos es una falacia” 

Según un estudio realizado por UGT Educación Madrid, la Comunidad de Madrid ha cedido a la gestión privada 1.600.000 m2 de suelo público, en un total de 80 parcelas educativas. Esto habría ocurrido desde que asumió las competencias en materia educativa, en julio de 1999.

Datos más importantes

Según el estudio (que puedes consultar completo aquí) se han cedido 80 parcelas, que sumarían 1.596.151 de metros cuadrados. El tamaño medio de la parcela cedida es de 19.951 m2, aunque existen algunas que superan ampliamente ese espacio.  

En cuanto a la cesión puede realizarse a través de un ayuntamiento o de la propia Comunidad de Madrid y suele concederse por 75 años, aunque algunas lo son por menos tiempo, pero no inferior a 40 años.  Además, puede o no haber un período de carencia, que suele ser de 4 años, durante los cuales los adjudicatarios están exentos de pagar canon.

En cuanto al canon, los más frecuentes son los establecidos en 8.000€ y 12.000€ anuales. UGt señala que esto supone que “sale más barato que el  alquiler que muchos madrileños y madrileñas deben pagar por un piso para vivir”.

Así mismo, el sindicato señala que el terreno puede utilizarse como aval para conseguir créditos que permitan abordar la construcción de los centros.

Por último, el estudio señala que 18 de estas parcelas (22,5% del total) se han cedido a centros que tienen enseñanza diferenciada por sexo.

“Dos tipos de privatizaciones”

Desde hace años, UGT y otros sindicatos han defendido que la cesión de parcelas educativas públicas para centros educativos concertados es una privatización encubierta. De la moisma señala que se puede realizar de dos maneras. “La que se realiza directamente, mediante concurso, para la selección de una empresa adjudicataria y la que se realizó privatizando el suelo y revendiéndolo para la construcción de centros educativos concertados. También el estudio analiza algunos casos que han definido como “situaciones singulares”, que se salen de las pautas generales.

UGT utiliza el estudio para denunciar el” nivel de privatización y substracción de bienes públicos de toda la ciudadanía, para enriquecimiento y negocio particulares, mediante la cesión de suelo público para la construcción de centros educativos privados, porque hay que recordar que son privados”.

Así mismo, recuerda a la Administración educativa y a la población madrileña que la Constitución Española no contempla dicha posibilidad, si no la “libertad de creación de centros docentes” privados.

Así mismo crítica un argumento dado por partidos de centro y derecha política para poyar estas cesiones aludiendo a que así están apoyando la “libertad de elección de centro”. “El planteamiento de que para tener libertad de elección de centro debe de existir una oferta pública y privada financiada con fondos públicos es una falacia. Los datos revelan que el desarrollo de la red privada solo garantiza segregación del alumnado por nivel socioeconómico, por un lado, y la creación de una maquinaria para derivar fondos públicos a intereses privados, por otro”. Por todo ello, UGT rechaza la cesión y enajenación de suelo público para negocios privados de enseñanza.

Estudio pormenorizado

En el  Estudio elaborado por UGT se detallan una por una, las parcelas cedidas a empresas privadas de enseñanza y cooperativas de profesorado. También las fechas de puesta en marcha de los centros, canon que deben pagar, años de cesión, número de alumnos o grupos por curso, y otras cuestiones relativas. 

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