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Comunidad Madrid

La Comunidad de Madrid garantiza la asistencia jurídica gratuita en 2022 con el pago a los abogados del turno de oficio

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1 año

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asistencia jurídica gratuita
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  • El pasado mes de marzo el Consejo de Gobierno destinó una partida de 3,6 millones de euros para este servicio.

    Además, se han incrementado los baremos en los honorarios de este colectivo elevando su financiación hasta los 51,6 millones de euros.

COMUNIDAD DE MADRID – La Comunidad de Madrid garantizará los pagos a los abogados del turno de oficio durante 2022, asegurando con ello que cualquier ciudadano tenga acceso a la asistencia jurídica gratuita. De esta manera, se protege y da cumplimiento al derecho fundamental de tutela judicial efectiva que establece el artículo 24.1 de la Constitución Española.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional, Enrique López, ha suscrito hoy el convenio que posibilita esta asistencia letrada con el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid (CCACM), del que forma parte el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH), representados por sus respectivos decanos, José María Alonso y Ángel Llamas.

Para esta tarea, el Ejecutivo autonómico destinará una partida de 3,6 millones de euros, a través de una subvención nominativa, tal y como aprobó el pasado mes de marzo el Consejo de Gobierno.

“Este acuerdo es una de las piezas clave de las políticas que la Administración viene desarrollando, dentro de sus competencias, en el ámbito de la Justicia. Con él, nos reafirmamos en nuestro compromiso de que los madrileños puedan acceder, sin obstáculos, a un servicio público fundamental”, ha explicado López.

Además, el Gobierno regional ha incrementado los baremos de los honorarios a percibir por parte de los abogados y procuradores, teniendo en cuenta la elevada carga de trabajo y procedimientos que asumen. En este sentido, la inversión para este año se eleva hasta 51,6 millones de euros, lo que supone un 38% más que el presupuesto que el Ministerio de Justicia dedica a las CCAA que no tienen transferidas las competencias de Justicia.

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