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Comunidad Madrid

Movimientos Sociales inician una ronda de reuniones con los partidos políticos para trasladar sus reivindicaciones

Escrito hace

7 años

el

La FRAVM, Ecologistas en Acción, Marea Verde, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, PAH, la Plataforma Madrid en Transporte Público presentan un documento para garantizar el buen gobierno.

Diferentes plataformas y movimientos sociales de Madrid que trabajan en defensa de los derechos de ciudadanía, de los servicios públicos, de la democracia participativa y de la sostenibilidad social y medioambiental de nuestra región se dieron cita el pasado mes de octubre en el denominado Encuentro Vecinal para elaborar una suerte de programa de reivindicaciones comunes que dirigirán ahora a las fuerzas políticas que concurrirán a los próximos comicios autonómicos y municipales. Inician su ronda de contactos mañana, martes, con Podemos. Trasladarán el documento conjunto también a Ganemos Madrid, IU, PP, PSOE y UPyD.

Los colectivos, organizaciones y plataformas son una parte de esa marea ciudadana que ha dado en la calle la pelea contra los planes de recortar derechos y privatizar recursos. De cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales iniciarán una ronda de reuniones con partidos e iniciativas políticas a fin de que se comprometan a incluir en sus programas electorales las reivindicaciones consensuadas.

El documento de propuestas está consensuado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma Madrid en Transporte Público, la Red de Huertos Urbanos de Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, la Asociación de Afectados por la Venta de Vivienda Pública, Hacenderas, la Plataforma Mayores en Acción y la Asamblea de Marea Verde.

Destacan, en materia de sanidad, la recuperación del sistema público, universal y de gestión y provisión cien por cien públicas, la recuperación de la propiedad y gestión de todos los hospitales y centros sanitarios privatizados y la derogación de la ley de exclusión sanitaria y de la ley 15/1997.

En educación, las organizaciones apuestan, asimismo, por la educación pública mediante un incremento de la inversión, la derogación de la LOMCE y de los decretos 17/2008 y 18/2008. Reclaman, además, la revisión, control y paralización de los conciertos; la eliminación de las desgravaciones fiscales a las familias que escolarizan a sus hijos en centros privados y de los beneficios fiscales de los que disfrutan estos centros, como la exención de IBI, así como la prohibición de la cesión de suelo público para la construcción de centros privados.

En política social, las organizaciones proponen la aprobación de una ley de barrios que garantice un equilibrio territorial mediante planes de desarrollo local y la reserva de una financiación suficiente para garantizar unos servicios dignos; garantizar el acceso y el cobro inmediato de la Renta Mínima de Inserción a todas aquellas personas que tienen derecho a ella; la creación de una tarjeta de transporte gratuita para personas en situación de vulnerabilidad económica; la remunicipalización de los servicios sociales y el cierre de los Centros de Internamiento para Inmigrantes.

En materia de vivienda, las organizaciones hacen suyas las reivindicaciones de la PAH sobre paralización de los desahucios, la aprobación de la dación en pago y la creación de un gran parque de vivienda pública en alquiler social. Exigen, asimismo, la recuperación de las viviendas públicas vendidas por la EMVS y el IVIMA a fondos buitre y el freno de esta práctica, así como la puesta en uso de las viviendas vacías de bancos e inmobiliarias mediante un recargo del 50% en el IBI y mediante la expropiación temporal del uso. Todo ello para garantizar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, un derecho constitucional cuyo ejercicio deberá ser garantizado con la aprobación de una ley.

La lucha contra la pobreza energética y la contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética y la apuesta por la rehabilitación integral de edificios con criterios de eficiencia energética, la aprobación de una ley de movilidad sostenible, la recuperación de la gestión cien por cien pública del Canal de Isabel II, la promoción de la reutilización en la gestión de residuos sólidos urbanos centrarían, entre otras propuestas, el necesario cambio para construir un Madrid sostenible en términos medioambientales.

El traslado de todas estas medidas no supone una delegación de responsabilidades en los partidos. Todo lo contrario: las organizaciones sociales apuestan por un modelo de democracia participativa garantizado por la creación de espacios de participación directa en las que la ciudadanía tenga voz, la implantación de presupuestos participativos o la aprobación de unas normas de participación ciudadana dignas de tal nombre. Las organizaciones instan, por último, a realizar una auditoría ciudadana de la deuda de la Comunidad de Madrid y de los municipios y una transferencia efectiva y descentralización de competencias políticas, económicas y administrativas del Gobierno regional a los municipios y de éstos a los distritos, contemplando la elección directa de concejales de distrito y la gestión, por parte de las juntas municipales, del 50% del presupuesto municipal.

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Comunidad Madrid

La Comunidad de Madrid renueva el convenio con 42 municipios de la Sierra Norte para dinamizar la economía

Escrito hace

2 meses

el

22/04/2022
Comunidad convenio economía Sierra Norte

  • Supone una inversión de 180.000 euros -el doble que el año pasado- para la gestión del centro y el fomento de actividades culturales, deportivas y de ocio.

    Entre las principales novedades destacan la mejora de las herramientas digitales y en especial de la web de destino www.sierranortemadrid.org.

COMUNIDAD DE MADRID – La Comunidad de Madrid ha renovado el convenio de colaboración con la Mancomunidad Valle del Lozoya para dinamizar la actividad económica de la Sierra Norte a través del Centro de Innovación Villa de San Roque. Mediante este espacio, del que forman parte los 42 municipios de la zona, se promueven multitud de actividades culturales y de ocio, y se dan a conocer rutas naturales orientadas a la práctica del senderismo o de la bicicleta.

El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, y el presidente de la mancomunidad, Ángel Martínez, han rubricado esta mañana el acuerdo, por el que el Gobierno regional va a invertir 180.000 euros este año, el doble de lo que destinó el ejercicio anterior, “para mantener el funcionamiento de este centro que ha logrado convertir la Sierra Norte en una imagen de marca y en un lugar de referencia para el progreso de este entorno en los últimos seis años”, ha señalado Izquierdo.

“Esta zona de nuestra región se mantiene como el destino de naturaleza mejor posicionado de la Comunidad de Madrid para realizar turismo rural y es referente para otros destinos de características similares, combinando la difusión y conservación de su rico patrimonio natural y cultural, con la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”, ha recordado el consejero.

Entre las principales novedades del convenio destacan la mejora de las herramientas digitales y la web de destino www.sierranortemadrid.org que, en los últimos dos años, ha experimentado un incremento de visitas de casi un 97%. Igualmente, se va a hacer hincapié en la atención al visitante, con soluciones tecnológicas que les acerquen los lugares de interés; y se promocionará el entorno como espacio para la celebración de reuniones y eventos de negocio.

Además, se impulsará la red de Caminos Carpetania, rutas señalizadas para la práctica del senderismo, la bicicleta o la hípica; y se potenciará el evento deportivo y familiar Territorio Sierra Norte Bike Challenge, primera competición MTB ultramaratón de la Comunidad de Madrid.

Destaca también la puesta en marcha del II Plan Estratégico de Turismo para consolidar la Sierra Norte como uno de sus principales motores socioeconómicos y culturales de la región con capacidad para generar riqueza, crear empleo, fijar población y mejorar la calidad ambiental del territorio, no solo para sus habitantes, sino también para los turistas que se acercan a descubrirla.

Por último, a través de este acuerdo se mantiene la colaboración con Madrid Destino Rural, que engloba grupos de acción local como Sierra Oeste, Aracove y Galsinma, que trabajan en la transformación de territorios rurales en destinos atractivos para el visitante, fortaleciendo el desarrollo del pequeño comercio.

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La Comunidad de Madrid garantiza la asistencia jurídica gratuita en 2022 con el pago a los abogados del turno de oficio

Escrito hace

2 meses

el

22/04/2022
asistencia jurídica gratuita

  • El pasado mes de marzo el Consejo de Gobierno destinó una partida de 3,6 millones de euros para este servicio.

    Además, se han incrementado los baremos en los honorarios de este colectivo elevando su financiación hasta los 51,6 millones de euros.

COMUNIDAD DE MADRID – La Comunidad de Madrid garantizará los pagos a los abogados del turno de oficio durante 2022, asegurando con ello que cualquier ciudadano tenga acceso a la asistencia jurídica gratuita. De esta manera, se protege y da cumplimiento al derecho fundamental de tutela judicial efectiva que establece el artículo 24.1 de la Constitución Española.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional, Enrique López, ha suscrito hoy el convenio que posibilita esta asistencia letrada con el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid (CCACM), del que forma parte el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH), representados por sus respectivos decanos, José María Alonso y Ángel Llamas.

Para esta tarea, el Ejecutivo autonómico destinará una partida de 3,6 millones de euros, a través de una subvención nominativa, tal y como aprobó el pasado mes de marzo el Consejo de Gobierno.

“Este acuerdo es una de las piezas clave de las políticas que la Administración viene desarrollando, dentro de sus competencias, en el ámbito de la Justicia. Con él, nos reafirmamos en nuestro compromiso de que los madrileños puedan acceder, sin obstáculos, a un servicio público fundamental”, ha explicado López.

Además, el Gobierno regional ha incrementado los baremos de los honorarios a percibir por parte de los abogados y procuradores, teniendo en cuenta la elevada carga de trabajo y procedimientos que asumen. En este sentido, la inversión para este año se eleva hasta 51,6 millones de euros, lo que supone un 38% más que el presupuesto que el Ministerio de Justicia dedica a las CCAA que no tienen transferidas las competencias de Justicia.

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