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SATSE denuncia que “la asistencia sanitaria se precariza tras el despido de 3.500 enfermeras”

Escrito hace

1 año

el

despido de 3.500 enfermeras

  • SATSE Madrid denuncia que las plantillas de enfermeras/os, enfermeras/os especialistas y fisioterapeutas se sitúan ya en cifras prepandemia (enero de 2020). Y que las profesionales de los centros asistenciales y sociosanitarios “siguen haciendo grandes esfuerzos para controlar el Covid así como sus patologías asociadas”.

  • El sindicato dice que “la Administración se ha olvidado de las listas de espera y de los pacientes crónicos. Y de que hay que volver a retomar la asistencia sanitaria a aquellos pacientes ‘postergados y olvidados’ durante la pandemia”. Añade que “con las plantillas actuales es imposible hacerlo”.

SATSE MADRID – Las plantillas de enfermeras/os, enfermeras/os especialistas y fisioterapeutas se han reducido desde el pasado 31 de marzo entras el despido de unos 3.500 efectivos, volviéndose a cifras prepandemia y todo ellos sin tener en cuenta que los usuarios necesitan muchos más cuidados.

“Los mdrileños, explican desde SATSE Madrid, no solo siguen demandando atención sanitaria cuando enferman de Covid, así como de las patologías asociadas a esta pandemia, sino también otras enfermedades y que, como en el caso de los crónicos, llevan postergadas desde el inicio de la pandemia hace ya dos años”.

En la actualidad hay en torno a 3,12 enfermeras (que trabajan en el Sermas) por habitante censado en la Comunidad de Madrid. Cifras que el Sindicato de Enfermería considera ‘ridículas’ y que nos vuelven a posicionar como una de las Comunidades con menos enfermeras por habitante de toda España y de Europa.

No se puede pretender, explican, que la Administración siga diciendo que la CAM es pionera en atención sanitaria y que con las enfermeras/os, enfermeras/os especialistas y fisioterapeutas actuales ha de cubrirse correctamente la atención a casi 7 millones de madrileños (6.642.000, según el INE).

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Hasta ahora se estaba haciendo a costa del esfuerzo de las profesionales sanitarias, pero con 3.500 enfermeras menos es una tarea titánica que volverá a penalizar a los de siempre, usuarios y a las profesionales que deberán volver a realizar un sobreesfuerzo más a cambio de nada. Las contrataciones efectuadas siguen siendo muy escasas por lo que apenas repercute en la atención sanitaria que se ofrece al madrileño.

“La Administración sanitaria, indican desde SATSE Madrid, es sorda a las demandas de usuarios y profesionales sanitarias que han vuelto a reclamar, no solo más plantillas de enfermeras/os, enfermeras/os especialistas y fisioterapeutas, sino estabilidad en el empleo, a través de ofertas públicas de empleo ágiles y resueltas en poco tiempo, así como otras mejoras (35 horas, conciliación, jubilación anticipada, aumento salarial, etc.)”.

Indicar que la última OPE convocada fue en 2018 y cuatro años después sigue sin resolverse, lo que está generando incertidumbres y que muchas profesionales madrileñas estén aceptando plazas fijas en otras Comunidades que ya las han resuelto, perdiéndose un capital humano muy especializado y que ha costado dinero a las arcas madrileñas en su formación.

Además, añaden desde SATSE Madrid, hay normativa autonómica, como el Plan Integral de Mejora de Atención Primaria, que ha sido aprobado sin el apoyo de SATSE Madrid y que ha supuesto (a pesar de su nombre) pérdidas económicas para la gran mayoría de matronas y fisioterapeutas de Atención Primaria que han visto reducidas sus retribuciones una media de 200 euros mensuales.

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Recordar que el Sindicato de Enfermería ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) parte del acuerdo y ha demandado a la Consejería que se negocie en Mesa Sectorial y no simplemente, como viene siendo habitual, se presente y se apruebe sin posibilidad de plantear mejoras.

Por este y otros motivos, enfermeras/os y enfermeras/os especialistas se concentrarán el próximo 26 de abril, frente al Congreso de los Diputados, para denunciar que más de 47 millones de personas llevan dos años y cinco meses esperando que la Ley de Seguridad del Paciente evite que puedan sufrir más riesgos, complicaciones, efectos adversos y un incremento de la mortalidad y morbilidad si tienen que ser atendidos en el sistema sanitario de nuestro país.

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