Familias de Manzanares el Real visibilizan el problema del acceso a una casa para quienes tienen pocos recursos

Los vecinos intervinieron en el último pleno del Ayuntamiento de Manzanares el Real para exponer su situación a los partidos políticos locales. Días después se reunieron con el alcalde manzanariego Óscar Cerezal y los representantes de otros partidos políticos; una reunión en la que también participó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Sierra Norte, que está ayudando a varios afectados.

Al respecto, la PAH ha recordado los datos del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos hace unos días, que dicen que en el segundo trimestre de 2018 se han elevado el número de desahucios (17.152 en total) con respecto al primer trimestre del mismo año.

Burbuja del alquiler

Entre los casos denunciados hay varias situaciones. Una de ellas es la de los inquilinos de unos pisos de un edificio en manos de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como “banco malo”, que son gestionados por una Sociedad de Inversión en Mercado Inmobiliario participada de forma mayoritaria por dicha Sareb.

Una de las inquilinas, Tamara, denuncia que “en un año el alquiler ha pasado de 550 euros mensuales a 700”, lo que considera una subida “desproporcionada”. Según la vecina, esta situación ha provocado que algunos vecinos ya se hayan ido por no poder asumir las nuevas cuantías.

“Todo mi miedo son mis hijos y su futuro”

Otro caso dado a conocer es el de Begoña y su familia, que sufre la amenaza de una ejecución hipotecaria. Esta madre divorciada, que intenta sacar a su familia adelante con unos ingresos de 900 euros mensuales, no pudo pagar la hipoteca de la vivienda cuando su ex-marido dejó de pasarles la pensión de los niños. Intentó llegar a un acuerdo con el banco para la dación en pago y un alquiler social pero, según dice, “aunque en un primer momento accedieron, después se echaron atrás”. Además, añade, la entidad vendió el inmueble con ella y su familia dentro a una empresa “aunque sin avisar de que la vivienda está habitada”.

Sobre su cabeza y la de sus tres hijos (13, 11 y 8 años) pende la amenaza de tener que abandonar la casa. “Todo mi miedo son mis hijos y qué pasará en el futuro. No les he contado nada porque son muy pequeños aunque les he dicho que a lo mejor un día nos tenemos que cambiar de casa”. 

Su miedo es que tengan “que cambiar de ámbito cuando han conseguido pasar una separación y un abandono. Ahora están más tranquilos, pero nos vemos con el peligro de poder acabar en la calle”.

Begoña quiere dejar bien claro que no quiere que le regalen una casa sino “poder pagar una vivienda digna a un precio que pueda pagar con el sueldo que percibo”.

Okupación “por necesidad” de una vivienda vacía

Por último, está el caso de la pareja formada por Lucía y David, que han “okupado” hace dos años una vivienda vacía propiedad del Sareb. La decisión la tomaron cuando tuvieron a su bebé y vieron que no podían vivir, como hasta entonces, “acampados en una tienda de campaña al lado del río”.
Al no poder hacer frente a un alquiler con los ingresos que perciben (ella trabaja seis meses al año con un trabajo precario, y el resto del año tiene trabajos eventuales, y él está en paro, aunque vende artesanía), “okuparon” dicha vivienda de la que, insisten, que está vacía y pertenece a una entidad bancaria salvada de la quiebra con dinero público.

Lucía y David afirman que han intentado llegar a un alquiler social con esta entidad, aunque dicen que no ha sido posible. Además cuando a través de los servicios sociales, han querido acceder a una vivienda de alquiler social, se han encontrado con que es imposible porque la ley que rige estas viviendas impide esa posibilidad a quién ha “okupado” una vivienda.
La pareja pide que “no se estigmatice a las personas que se meten en una vivienda vacía de una entidad bancaria por necesidad” ya que señalan que “es la única opción que tiene quien no puede pagar una casa y se encuentra con que además no hay suficiente vivienda social en este país”.

El alcalde de Manzanares el Real se compromete a buscar soluciones “dentro de la legalidad”

Mientras tanto, el alcalde de Manzanares el Real, Óscar Cerezal, se ha comprometido a buscar una solución “dentro de la legalidad” aunque reconoce que los casos son muy diferentes entre sí. Ya ha pedido una reunión urgente con la Sareb para interceder por unos alquileres sociales para los vecinos afectados.

Preguntado sobre si el ayuntamiento podría acordar con el “banco malo” obtener unas viviendas para poder ofrecerlas a través de Servicios Sociales a familias necesitadas, el alcalde responde que se podría proponer aunque reconoce que “tiene un articulado legal complejo” para otorgarlas después de acuerdo a las necesidades sociales.
El regidor manzanariego también ha anunciado que el ayuntamiento está impulsando la construcción de vivienda pública en el municipio a través de su inclusión en el Plan de Ordenación Urbana que justamente en estos meses está en exposición pública.