Agencia.- El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino por el «cierre» de las Urgencias Rurales.
En la resolución emitida por la Institución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se informa al Consistorio de que el escrito ha quedado registrado y que «estudiada la cuestión» que se plantea, ha resuelto dirigirse a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid «con la finalidad de obtener información sobre el asunto que ha motivado» la queja. «Una vez que se reciba la respuesta solicitada, se le dará traslado de su contenido», añade el documento.javier de los nietos, alcalde de el boalo-cerceda-mataelpino
El Ayuntamiento se dirigió al Defensor del Pueblo en noviembre por el por el «cierre de las urgencias» del Servicio de Atención Rural de Manzanares el Real. Con la queja pretendían la «interpelación» de la Institución para que la Consejería de Sanidad «recapacitara» y diera «marcha atrás» con la «retirada de los seis médicos de urgencias que prestaban servicio en el SAR de Manzanares el Real».
En este sentido, y sobre la admisión a trámite de la queja, el alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Javier de los Nietos, ha celebrado esta decisión que, a su juicio, «viene a justificar la seriedad de la situación», y «a reconocer la responsabilidad que la Consejería de Sanidad pudiese tener en el caos originado en los servicios de urgencias rurales».
También, según el alcalde, se reconoce la «importancia de preservar la lealtad entre instituciones», debiendo atender el Gobierno Regional «siempre las llamadas y solicitudes de información de los ayuntamientos cuando sus nuevos planes afecten a servicios públicos tan esenciales como la Atención Primaria Sanitaria».
De este modo, De los Nietos ha indicado que varios ediles de ayuntamientos de la sierra solicitaron reunión con «carácter de urgencia» a la Consejería de Sanidad para conocer los «detalles, el alcance y la programación de la reestructuración de los servicios de urgencias médicas rurales» tras el paso de SAR a PACS, sin que por parte del Consejero de Sanidad y su gabinete «se haya convocado reunión informativa alguna, ni tan siquiera escrito dirigido a los ayuntamientos».
Afirma que el Defensor del Pueblo «obliga» a la Consejería a trasladar toda la información solicitada, para «información de los municipios afectados y de su vecindario».
«Esto va a poner las cosas de nuevo en su sitio, y esperamos que sirva para frenar la persecución que el PP regional nos viene haciendo desde hace semanas por levantar la voz y defender de la Sanidad Pública Madrileña que realmente se merecen todas y todos los madrileños», concluye.
