“Con la Ley Ómnibus retrocedemos 40 o 50 años en legislación y defensa del Medio Ambiente”

• El portavoz de Biodiversidad de Amigos de la Tierra, Paco Cantó, repasa las principales críticas medioambientales a la Ley Ómnibus

• Esta ley modifica la regulación en temas cruciales como la Sanidad, transporte, menores, policía,etc.

• Desde el primer momento, el proceso ha sido motivo de crítica por “falta de transparencia y participación”

• El 16 de febrero se aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno y ahora pasará a la Asamblea

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil madrileña se han unido para tratar de paralizar la aprobación de la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, “una norma de enorme transcendencia que supone un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios y derechos públicos”. En esta línea convocaron en febrero una gran manifestación en Madrid que planean tenga nuevas convocatorias, ya a nivel local.

El pasado 16 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus. El siguiente paso es que se lleve a la Asamblea de Madrid. “Nadie entiende las prisas del Gobierno regional en aprobar una norma que, recordemos, modificará 33 leyes y 5 decretos e introduce 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos”, señalan los críticos con el texto que afecta a la Sanidad, el transporte, policía, menores, etc.

Repasamos con el portavoz de biodiversidad de Amigos de la Tierra, Paco Cantó, el impacto que esta nueva norma podría tener en el ámbito medioambiental

Denuncia Cantó que la Ley Ómnibus incentiva el uso económico de las vías pecuarias, reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos (como los parques regionales del Jarama, Manzanares y Sureste), al permitir actividades como la caza, la construcción y la instalación de negocios hosteleros que antes estaban prohibidos. Además, reduce la protección de parte de la flora silvestre y del arbolado que no está estrictamente protegido.

Planta fotovoltaica en Soto del Real

Considera Cantó que con esta ley “volvemos a retroceder 40 o 50 años en legislación y defensa del Medio Ambiente”. Entre otras cosas, ha hablado sobre la posibilidad de que la propia Comunidad apruebe directamente proyectos por considerarlos como de Interés General. “En ese marco, un particular podría poner algo o especular en terreno público sin tener en cuanta a los vecinos o administraciones locales”.

Un ejemplo podría ser la planta fotovoltaica proyectada en el término municipal de Soto del Real. El concejal Javier Benayas ya alertó de que con esta ley, aunque el Ayuntamiento se negara a aprobar los trámites necesarios para su desarrollo, estos podrían ser otorgados por el gobierno regional.

“No nos oponemos a la energía fotovoltaica pero hay suficientes tejados para implantarla”, señala Paco Cantó, “en mi caso como montañero me imagino el espectáculo desde Cuerda Larga, esta gran planta alteraría el paisaje y también afectaría a la fauna”.