El PP de Algete acusa al Alcalde de utilizar el informe de fiscalización durante su gestión como ‘cortina de humo’ para tapar sus imputaciones

• El PP ha respondido a las declaraciones del Alcalde de Algete en Onda Cero Madrid Norte, donde repasaba las conclusiones del Informe de la Cámara de Cuentas en el periodo 2014-2017, durante el mandato popular.

• Los populares creen que utiliza este informe como ‘Cortina de humo’ para tapar las imputaciones de un alcalde Algete

• El ex-alcalde César de la Puebla ha defendido que la mayoría de las conclusiones del informe señalan incumplimiento de plazos, ‘circunstancia habitual’ en muchos ayuntamientos.

El Partido Popular de Algete cree que el gobierno municipal está realizando una “interpretación subjetiva y tendenciosa” del informe de fiscalización económico-financiera del Ayuntamiento de Algete y sus entidades dependientes de los ejercicios 2014-2017, realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Creen que este documento está siendo utilizado por el alcalde de Algete “para desviar la atención de los focos que tiene puestos sobre su persona, al tener que ir a declarar en los próximos días a los juzgados de Torrejón de Ardoz por un posible delito de malversación de caudales públicos y dos delitos de prevaricación administrativa”. El propio Alcalde, Juan Jesús Valle, repasó en Onda Cero Madrid Norte algunas de las conclusiones de este informe y señaló que se trata de una ‘situación preocupante’, y de hecho, destacó que es muy probable que las presenten ante la Fiscalía.

Por su parte, los populares destacan en su comunicado, que el Alcalde Juan Jesús Valle, ha sido citado por la fiscalía por varios motivos:

• Prorrogar un contrato de servicios en contra de los informes de secretaría y de intervención y sin pedir a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Hacienda los informes que exige la legislación.
• Realizar un nombramiento de personal vulnerando la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público y en contra de los informes de secretaria y de intervención.
• Mantener en un puesto que no existe a un trabajador que ocupaba una plaza de otro trabajador que estaba de baja laboral, una vez reincorporado el titular de la plaza.
• Por vulnerar hasta 70 veces la ley de contratos
• Por llevar año y medio pagando complementos salariales a determinados trabajadores vulnerando la legalidad y los informes de los funcionarios habilitados nacionales Estos son los motivos por los que el alcalde está investigado por un posible delito de malversación de caudales públicos y dos delitos de prevaricación administrativa. El informe de fiscalización 2014-2017 no puede ocultar nada de esto.

En cuanto al Informe de la Cámara de Cuentas, los populares defienden así algunas de las conclusiones recogidas:

• Se han producido incumplimientos de plazos en los presupuestos. Aprobar los presupuestos con posterioridad al 1 de enero es una circunstancia habitual en muchos ayuntamientos, por ello existe la prórroga de los presupuestos. El equipo de gobierno actual solamente ha aprobado un presupuesto y en marzo de 2021.
• Más del 10 % de las facturas recibidas en el período fiscalizado (1.371 sobre 13.287), han sido objeto de reconocimiento mediante expedientes de convalidación. Obviamente, si las facturas se reciben tarde se aprueban fuera de su periodo, especialmente las de finales de diciembre al coincidir con el cierre del ejercicio. Es algo muy normal, lo importante es que tengan crédito, cosa que siempre ha sucedido porque no ha habido ningún reparo de intervención. Ahora tenemos casi 100 en esta legislatura.
• El Ayuntamiento no ha constituido el patrimonio municipal del suelo, preceptivo para todos los municipios según la ley del suelo. A día de hoy, 4 años después del periodo auditado, sigue sin constituirse.
• La mayoría de las incidencias que refleja la Cámara de Cuentas son temas relacionados con la recaudación ejecutiva, porque se han realizado las providencias de apremio más tarde de lo deseable pero en ningún caso fuera del plazo de cuatro años de prescripción. Estaríamos hablando de procedimientos que se han realizado fuera del plazo deseable pero nunca fuera del plazo legal y claro que sería deseable que se hubieran realizado antes pero la dificultad de los ayuntamientos en la recaudación ejecutiva hace que se realicen contratos de colaboración en la gestión recaudatoria, contrato que se adjudicó en la legislatura pasada y está dando muy buenos resultados a pesar de que el psoe se opuso a este contrato en la oposición. En el periodo 2013 hasta junio de 2019, los distintos interventores habilitados nacionales no realizaron ningún reparo suspensivo por vulnerar la ley de contratos o realizar pagos a trabajadores vulnerando la legislación vigente. Ahora llevamos casi 100 reparos que han sido levantados la mayoría de las veces por el propio alcalde y el resto con el voto de sus concejales de gobierno, en contra de los informes de legalidad de la intervención y de la secretaria municipal.