El sindicato UGT Madrid ha criticado las becas educativas impulsadas por el gobierno de Díaz Ayuso para el próximo curso 2022-23. Señala que a las mismas podrán acceder rentas por encima de 100.000 euros mientras otros alumnos «no pueden acceder a FP por falta de inversión en plazas públicas».

UGT Madrid ha criticado la decisión del gobierno regional de dar becas educativas a familias con rentas por encima de 100.000 euros. Ha calificado esta decisión de «funesta» debido a que «mientras, miles de alumnos no pueden acceder a estudios de FP por falta de plazas sostenidas con fondos públicos». El sindicato también crítica los cheques escolares de los que dicen que se van a beneficiar los centros privados de enseñanza.

El sindicato  señala que la política de becas del gobierno del PP de Madrid para el próximo año tendrá dos mecanismos. Uno sería el «aumento de las cuantías disponibles para estas ayudas y otro el aumento del límite de renta per cápita de los solicitantes».

UGT considera que los 142 millones de euros destinados a becas educativas el próximo curso serán «para financiar, indirectamente, a los centros privados de enseñanza». El sindicato añade que estas becas «se extienden ahora a la modalidad a distancia de FP, demanda de los centros privados desde hace años». Y por otro lado que «esta ampliación no cuenta con la aprobación del Consejo Escolar de Madrid, en el que curso tras curso se ha rechazado dicha propuesta».

El aspecto aprobado que está siendo más criticado por sindicatos y partidos políticos es el de elevar el límite de la renta per cápita. Teresa Jusdado Pampliega, Secretaría de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, afirma que «familias con una renta per cápita de 35.913 € puedan obtener una ayuda al estudio es  una indecencia, mientras miles de alumnos y alumnas no pueden acceder a estudios de FP por falta de plazas sostenidas con fondos públicos».

Escucha a Teresa Justado, Secretaría de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid.

UGT alude a estas decisiones como «privatización de la educación madrileña». Para mostrar su disconformidad, ha aprobado una Resolución Congresual en la que se opone «al desvío de dinero público para centros privados». Además considera que «dicha política de becas incrementa las desigualdades y agrava la situación de las familias más desfavorecidas, porque solo la escuela pública es garante de la igualdad de oportunidades». Apuntan a que los centros privados no se ven sometidos al control de la Administración educativa.

UGT demanda a la Consejería la creación de plazas públicas de Educación Infantil de Primer Ciclo, de Bachillerato y de Formación Profesional. «A eso deben dedicar los cheques que financian la educación privada», señala Jusdado.

«Para garantizar la calidad de la enseñanza deberían reducir las ratios, cuyo compromiso no se está cumpliendo. También reducir el horario lectivo del profesorado y garantizar una atención a la diversidad adecuada y suficiente para nuestra Comunidad», afirma UGT.

• La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid pide a las consejerías de Educación y Sanidad que se coordinen e intervengan de inmediato, y avisa de que o bajan las ratios por aula y amplían las plantillas con los profesionales necesarios o la salud mental del alumnado “se encamina a la deriva”

• El sindicato acusa al Gobierno regional de haber planificado el curso escolar “como si no hubiera pandemia”, desmantelando todas las medidas que apoyaban al alumnado; recortando plantillas, y obviando la realidad de aumento exponencial de apertura de protocolos de suicidios, punta del iceberg del incremento de casos de autolisis, trastornos alimenticios, problemas emocionales generales y de ansiedad.

CCOO Madrid – Los datos más que preocupantes que la Asociación de Directores de Institutos de Madrid (Adimad) acaba de hacer públicos sobre el aumentos de los casos de autolesiones entre el alumnado de Secundaria -más de 200 desde el inicio del curso- coinciden con los recabados por la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid a través de sus delegados y delegadas en los centros educativos. Su secretaria general, Isabel Galvín, ha indicado que el sindicato tiene constancia “del aumentado exponencial de la apertura de protocolos de suicidio, aunque los centros nos piden privacidad”, y añade que estas cifras “son sólo la punta del iceberg, ya que apenas un tercio de los casos de autolesiones acaban en apertura de dicho protocolo”. Subraya además la responsable sindical el incremento durante la pandemia de los problemas emocionales en general entre el alumnado y de los trastornos alimenticios y de la ansiedad.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid advierte que los centros educativos se enfrentan a una situación de “emergencia absoluta” porque la salud mental y el bienestar de nuestros adolescentes está muy afectado por las distintas fases de la pandemia que estamos viviendo y pide a las consejerías de Educación y Sanidad que se coordinen e intervengan de inmediato.

Ni recursos humanos ni materiales

A pesar de que la pandemia va a cumplir dos años y se desconoce cuándo puede remitir, los centros educativos madrileños carecen de los recursos humanos necesarios para hacer frente a este grave problema de salud mental que va in crescendo. “Ni siquiera cuentan con las medidas organizativas necesarias”, se lamenta Galvín.

No hay profesionales suficientes. Hay un plan en marcha coordinado por grandes profesionales, pero es absolutamente insuficiente.

CCOO propone reforzar y ampliar el programa de apoyo en los centros educativos con unidades de psicólogos en cada una de las Direcciones Territoriales según el número de alumnado, y el de determinados perfiles, como el de psicología específica infarto-juvenil. Además, hay que ampliar la plantilla de orientadores, de PTSC (profesorado técnico de Servicios a la Comunidad) e Integradores Sociales. Todos los Centros de Secundaria tendrían que tener el segundo orientador y ampliar al tercer orientador en aquellos centros con alumnado con especiales dificultades.

“Como si no hubiera pandemia”

“La Consejería de Educación ha planificado este curso como si no hubiera pandemia, desmantelando todas las medidas que apoyaban al alumnado y recortando plantillas, y un der las consecuencias de esta política es que el bienestar emocional, la salud, incluso la vida de nuestros jóvenes, están en riesgo. Es urgente la bajada de ratio en las aulas y menos ratio también para orientadores, en PTSC e Integradores Sociales. Si la Consejería no toma estas medidas la salud mental del alumnado se encamina a la deriva”.

El curso pasado algunos centros públicos usaron los fondos del Programa PROA+, en el marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para contratar un psicólogo. Este año la Dirección General de Secundaria lo ha prohibido, pero, aunque lo autorice, CCOO recuerda “que sólo unos pocos centros pertenecen a este programa y es evidente que todos los institutos sin excepción necesitan especialistas en salud mental”.

CCOO también señala que se requiere apoyo para los equipos docentes y los directivos y para todos los profesionales que trabajan en primera línea en la atención a este problema. Demandan formación y, sobre todo, apoyo institucional con los recursos humanos y materiales necesarios, así como con la adaptación de los protocolos, la agilidad y la reducción de burocracia.