Amnistía Internacional pide que haya una Comisión de Investigación en el Congreso sobre lo sucedido en las residencias
Más de 35.000 personas murieron en las residencias, instalaciones en las que se implantaron protocolos como el de no derivar a los hospitales a los enfermos
Una investigación de Amnistía Internacional sobre residencias documenta la deficiente actuación del Ministerio Fiscal y denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las Comunidades Autónomas está provocando una impunidad casi absoluta sobre lo sucedido: el 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas. Explican que el escaso impulso de las investigaciones está recayendo principalmente sobre familiares de las víctimas, que se sienten abandonados y tienen derecho a conocer la verdad.
“El 14 de marzo se decretó el Estado de Alarma y es la última vez que miles de personas vieron a sus familiares y muchos de ellos murieron. Esto condenó a los residentes a una situación de soledad terrible y a las familias a un gran dolor”, señala Carlos Sanguino, responsable de la campaña de residencias de Amnistía Internacional.
Vulneración del derecho a la vida
La organización concluye que hasta el momento, las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo.
Amnistía Internacional lamenta que no se está garantizando la verdad para las víctimas, se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro.
“Alrededor de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”
La organización exige a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a pasar
