• En el Día de la Tierra, Amigos de la Tierra pone el foco en la necesidad de atajar la alarmante situación de los residuos en España.
• La organización reclama una Ley de Residuos que promueva la prevención, la reutilización y el reciclaje de alta calidad y consiga que España deje de quemar y enterrar casi el 70% de sus residuos domésticos.
• Los residuos son los grandes olvidados del medio ambiente, a pesar de contaminar suelos y agua, contribuir al cambio climático y suponer el desperdicio de recursos naturales finitos.

Hoy Día de la Tierra, 22 de abril, Amigos de la Tierra reclama al Gobierno una Ley de Residuos y suelos contaminados transformadora que responda a la alarmante situación de los residuos en el Estado. Una Ley que impulse el desarrollo de medidas efectivas que pongan fin a la gestión nefasta que se ha hecho de los mismos a lo largo de todos estos años.

España está a la cola de la gestión de residuos en Europa, tanto en reciclaje, como en separación en origen de los residuos, tratamiento de la materia orgánica, o promoción de la reutilización y la reparación. Si hablamos de la Comunidad de Madrid, Marian Lorenzo, responsable del área de recursos y residuos de Amigos de la Tierra en esta comunidad, señala que la situación es aún peor: el porcentaje de residuos que acaba incinerado y en vertederos supera el 80%, no se vislumbran cambios en la gestión de los residuos que conduzcan hacia un modelo que respete la Jerarquía Europea de residuos que prima la prevención y la reutilización, y se carece de las infraestructuras adecuadas a ese cambio de modelo que necesariamente pasa por una descentralización en el tratamiento.

Es muy preocupante que, a pesar del cercano colapso de la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid, con vertederos colmatados, ampliaciones en contra del sentido común, pues lo que se requiere son políticas de prevención  ampliaciones de vasos de vertido contrareloj y que no llegan a tiempo, una incineradora que aumenta la cantidad de residuos que trata cuando debería estar en proceso de retirada hasta su clausura, la situación no parece preocupar a quiénes deben trabajar en dar soluciones puesto que el camino que emprenden no hace sino dar continuidad a políticas ya demostradas ineficientes y obsoletas, además de costosas.

El Gobierno tiene ahora la oportunidad, aprobando una Ley de Residuos ambiciosa a la que debe acompañar un Real Decreto sobre envases que no puede quedarse atrás. Se necesita un giro radical en las políticas actuales para que dejen de ser un obstáculo hacia la transición ecológica y garanticen soluciones eficaces y respetuosas con las personas y el planeta.

El tratamiento de vertido e incineración de los residuos municipales, cuya gestión en el Estado español alcanzó en 2019 la emisión de casi 15 millones de toneladas de CO2 equivalente, sigue representando el destino principal de millones de toneladas de residuos que se generan cada año, con un fuerte impacto sobre los ecosistemas, la salud de las personas y la situación de emergencia climática (1). Además, este escenario sitúa a España en un claro incumplimiento del objetivo marcado por la Unión Europea de alcanzar el 50% en reutilización y reciclaje en 2020, y así lo ha denunciado Amigos de la Tierra junto a otras 15 organizaciones de la sociedad civil que han demandado a España ante la Comisión Europea (2).

La ley de Residuos debe priorizar la prevención con medidas concretas encaminadas a evitar que los recursos se conviertan en residuos. Combatir la obsolescencia programada, reducir de forma radical la cantidad y la toxicidad de los plásticos o facilitar la reparación y reutilización de los productos son algunas de las medidas transformadoras que están ausentes en los borradores de la futura ley.

El nuevo marco debe también desplegar todo el potencial de la materia orgánica en la protección de los suelos y en la lucha contra el cambio climático. Para ello, se deben fomentar sistemas de recogida selectiva en origen más eficientes como el puerta a puerta o el quinto contenedor con llave, y modelos de tratamiento descentralizados, como el compostaje doméstico y comunitario, el agrocompostaje y el compostaje en pequeñas plantas.

Amigos de la Tierra señala a su vez que el cambio indispensable del actual modelo basado en el “usar y tirar” hacia una verdadera “economía circular” requiere responsabilizar a las empresas, que son quienes inundan el mercado con productos de vida útil muy corta y productos que no se pueden reutilizar o reciclar. De esta forma, la ley debe establecer requisitos de ecodiseño y obligar a éstas a hacerse cargo de los residuos que han generado con sus productos.

Por ejemplo, simplemente limpiar ciudades y pueblos de envases de un solo uso abandonados cuesta a las personas contribuyentes entre 496 y 744 millones de euros al año (3). Hasta 529 millones de euros están asociados a los envases de bebidas, que podrían reducirse hasta un 80% con la implantación de un sistema de depósito.

Adriana Espinosa, responsable de Recursos naturales y residuos en Amigos de la Tierra denuncia que “la industria, quien se beneficia del actual modelo lineal, lleva años presionando para evitar cualquier modificación en los sistemas de gestión de residuos, tal y como están haciendo ahora para lograr una normativa a su favor”.

En este contexto, con la reforma de la Ley de Residuos, el Gobierno tiene ante sí una decisión clave: seguir apuntalando un sistema con beneficios para unos pocos y graves perjuicios ambientales y sociales o impulsar la construcción de un modelo con la gente y la Tierra en el centro de las decisiones. Es hora de avanzar hacia una transición ecológica justa y real.

• El gobierno municipal ha presentado un plan de inversiones de casi un millón de euros fruto del remanente de tesorería.

• Al nuevo auditorio se destinarán 233.686 euros.

• Otra gran partida se destinará a acondicionamiento de parques, instalaciones deportivas y calles

La Ley de Estabilidad Presupuestaria impedía a los Ayuntamientos hacer uso del superávit acumulado en sus cuentas municipales. Una vez el Gobierno Central ha eliminado este impedimento, los consistorios están anunciando las inversiones a las que destinarán este remanente positivo.

En el caso de Guadalix de la Sierra, el Pleno aprobó este miércoles 21 de abril un plan para invertir casi 1 millón de euros de este superávit.

La mayor inversión tendrá como destino la construcción de un nuevo auditorio en la localidad, seguida de la instalación de cámaras de seguridad en la localidad para lo que se destinarán 110.000 euros.

Acondicionamiento de instalaciones

Al acondicionamiento y peatonalización de la calle y travesía Carnicería, dotada de 90.000 euros, se unen los trabajos en pistas deportivas de tenis, Parque de las Eras, zona infantil de recreo del CEIP Alejandro Rubio, conservación del Hogar del Mayor y la instalación de focos en el campo de fútbol y la pista de patinaje-skater.

En el colegio Alejandro Rubio se creará además un circuito vial, y también con respecto a la movilidad, se instalarán puntos de recarga de coches eléctricos, por un valor de 23.135 euros.