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Economía

Modificar los contratos o prorrogar ERTES para hacer frente al adelanto del cierre de los establecimientos

Escrito hace

12 meses

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Esta semana hemos estrenado nuevas medidas regionales frente a la COVID19, entre ellas, el adelanto del cierre de los establecimientos. ¿Cómo pueden los empresarios enfrentarse a esta nueva situación? ¿pueden modificar las condiciones en los contratos de sus trabajadores? ¿tienen derecho a algún tipo de compensación por las posibles pérdidas? Se lo preguntamos a nuestro gestor de cabecera, Francisco López Colmenarejo.

Modificar contratos, siempre bajo acuerdo

El acuerdo entre empresario y trabajador es necesario para llevar a cabo la opción de modificar el contrato para adaptarlo a los nuevos horarios. López Colmenarejo explica que esta opción está contemplada por la ley desde hace tiempo pero que no hacerlo con aprobación por ambas partes puede conllevar posibles denuncias posteriores por parte de los empleados.

Prórroga de los ERTE

El gestor explica que la nueva prórroga de los ERTES amplía esta figura hasta el próximo 31 de mayo. Elegir esta opción permitiría evitar despidos y después ir modificando el número de trabajadores en ERTE según se vayan dando las necesidades del negocio. A ello se añaden las bonificaciones en cuanto a la Seguridad Social.

Como posibles contras, López Colmenarejo señala que acogerse a esta figura obliga al empresario a comprometerse a no realizar ningún despido en los 6 meses posteriores a la finalización del ERTE.

GESTORÍA LÓPEZ COLMENAREJO

COLMENAR VIEJO
91 845 14 25

TRES CANTOS
91 806 33 81

 

Comunidad Madrid

La Comunidad de Madrid aprueba la Ley de Defensa Autonomía Financiera para blindarse ante subidas estatales de impuestos

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1 semana

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19/01/2022
Ley de Defensa de la Autonomía Financiera

  • Obliga a los poderes públicos madrileños a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance ante las normas que infrinjan su corresponsabilidad fiscal

  • El libre ejercicio de esa autonomía ha hecho de Madrid la mayor economía de España sumando 17 años de bajadas de impuestos

Comunidad de Madrid – El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera para blindar su política económica y fiscal de la que prepara el Gobierno de España y que supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos. El objetivo es proteger los derechos reconocidos en esta materia a la región a través de la Constitución española -artículo 156- y su Estatuto de Autonomía –artículo 51-.

Así, la Comunidad de Madrid podrá salvaguardar el ejercicio de su autonomía financiera, tanto desde la vertiente de los gastos como de los ingresos, imponiendo a los poderes públicos regionales su defensa de cualquier intento de menoscabarla.

En este sentido, se obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance en la legislación nacional, europea o internacional, ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región.

La norma regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.

Asimismo, se garantiza la transparencia en la información sobre la actividad financiera de la Comunidad de Madrid y el funcionamiento y control de la actuación pública tributaria. De este modo, se informará a los ciudadanos madrileños, entre otros aspectos, del destino final de la aportación que realizan a los ingresos públicos, o de su situación tributaria en relación con otras comunidades autónomas o, en su caso, regiones extranjeras.

IMPEDIR SUBIDAS DE IMPUESTOS A LOS MADRILEÑOS

Con la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera y Fiscal, que se inicia ahora su tramitación legislativa para su aprobación en la Asamblea de Madrid, la Comunidad de Madrid se dota de un nuevo instrumento jurídico que le permitirá salvaguardar sus competencias en materia tributaria y hacer frente a una denominada armonización fiscal. Esta iniciativa del Gobierno de la nación sólo busca subir los impuestos a los madrileños y mermar la libertad de la región para gestionar su economía.

El libre ejercicio de esa autonomía financiera, gracias a 17 años de bajadas fiscales por los sucesivos gobiernos regionales, ha permitido un ahorro cercano a los 53.000 millones de euros, es decir, 16.500 euros por contribuyente.
Además, los impuestos bajos, junto a una política de gasto eficiente y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, han convertido a Madrid en la mayor economía de España, siendo la región que más aporta al PIB nacional, con un 19,3% en 2019, según la contabilidad regional del INE. Madrid es también, con diferencia, la comunidad más atractiva para la inversión extranjera, atrayendo el 73,3% del total estatal en el tercer trimestre de 2021.

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Comunidad Madrid

Más de 50.000 firmas ciudadanas para que no se tramite la Ley Ómnibus del Gobierno de Díaz Ayuso

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1 semana

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19/01/2022
firmas contra la Ley Ómnibus de Díaz Ayuso

  • En tan solo 20 días, 51.700 personas han firmado la petición dirigida a la presidenta Isabel Díaz Ayuso para que retire el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid.

  • Representantes de más de 40 colectivos se han dado cita en la Puerta del Sol de Madrid para hacer entrega a la presidenta de las firmas recogidas y pedir que escuche la voz de la ciudadanía.

Ecologistas en Acción – Cuarenta y siete colectivos -entre los que se encuentran asociaciones ecologistas, vecinales, urbanistas, de defensa del patrimonio cultural, de defensa de la sanidad pública, sindicatos, asociaciones del taxi, de la EMT, de defensa de la vivienda, contra los fondos buitre, de consumidores, de educación- se han dado cita en la Puerta del Sol. Representan diferentes sectores afectados por el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid del gobierno de Díaz Ayuso, conocido como Ley Ómnibus.

Con la entrega de las 51.700 firmas piden a la presidenta Díaz Ayuso que paralice la modificación  de 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid, entre ellas leyes de suelo y urbanismo, de protección de la naturaleza, de espacios protegidos, forestal, sanitarias, de transporte público, etc.

Explican en su nota que: «bajo el falso enunciado de ‘impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’,  se introduce un conjunto de medidas que en realidad facilitan la destrucción de la naturaleza (permiten la caza en zonas hasta ahora prohibidas de espacios protegidos, la tala de bosques sin autorización) desregula el urbanismo para poder construir en cualquier parte independientemente de su protección, y suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos (sanitarios, del transporte público) y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes».

«A partir de ahora es necesario organizar un frente común para parar este despropósito, afirman los representantes de los diferentes colectivos. Su intención es entrar en contacto con diferentes grupos parlamentarios por si fuera necesario recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional», señala el comunicado.

En plenas fiestas navideñas el Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso publicó el 23 de diciembre en el portal de transparencia el anuncio de trámite de audiencia e información públicas del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, estableciendo el reducido plazo de 7 días hábiles, entre Noche Buena y Noche Vieja, para la presentación de alegaciones.

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