“Las 10.000 plazas de Formación Profesional pública ofertadas por la Comunidad son insuficientes, cada año se excluyen unos 20.000 alumnos”

• UGT denuncia que la oferta de Formación Profesional pública para el próximo curso sigue siendo insuficiente

• Alertan de la especial gravedad de la situación en los grados superiores y la educación a distancia

• “Es una situación de indefensión y maltrato frente al derecho a una educación pública y gratuita”.

El sindicato UGT denuncia que el aumento de 10.000 plazas de Formación Profesional, anunciadas por la Consejería de la Comunidad de Madrid para el próximo curso, siguen siendo insuficientes.

“Son insuficientes dada la demanda, que cada año va en aumento, de este tipo de enseñanza” explica Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid. “Desde hace unos cuatro años, se quedan excluidos unos 20.000-25.000 alumnos al año”.

Por el contrario, señalan que son unas enseñanzas que se han convertido en un nicho de negocio para las empresas privadas, que se financian gracias a los impuestos de toda la ciudadanía madrileña a través de los cheques escolares y que no garantizan la igualdad de oportunidades, ya que quienes no puedan complementar los costes que dichas empresas imponen no podrán acceder a dichos centros.

Jusdado denuncia un “desvío de fondos para la patronal de la privada. Los Fondos Europeos deberían dedicarse a la Formación Pública de calidad”.

El sindicato adjunta una tabla con la que argumenta que, desde que en el 2014/15 se pusieron en marcha los “cheques de FP”, a los que se ha unido la financiación europea a través de las becas de Segunda Oportunidad, las empresas privadas no han dejado de crecer en estas enseñanzas y, muy especialmente, en la modalidad a distancia.

Grados superiores, un incremento extremo en la privada

Los grados superiores en centros privados sin concierto educativo suponen hoy en día el 62,5 % de este tipo de enseñanzas en Madrid. “Desde 2014 se ha pasado de 39 a 240 grados, un incremento extremo en la privada, mientras que desciende en la concertada en unos 40 grados”, explica Jusdado

Recuerdan desde el sindicato que el Objetivo 4.3. de la Agenda 2030 establece el acceso igualitario de todas las personas a una formación técnica, profesional y superior de calidad y el Objetivo 4.4. pretende aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, en particular, técnicas y profesionales para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. Señala UGT que todas estas cuestiones tienen que ver con la creación de plazas públicas de Formación Profesional. “La ya endémica falta de plazas públicas de Formación Profesional que, curso tras curso, deja miles de alumnos y alumnas sin posibilidad de formación, aumenta las cifras de abandono escolar temprano y nos aleja del cumplimiento de la Agenda 2030”, apunta Teresa Jusdado.

Las enseñanzas a distancia, aún más dramático

El caso de las enseñanzas a distancia, para el sindicato UGT, es aún más dramático, puesto que se ha dejado en manos, casi exclusivas, de las empresas privadas. Solo 12 centros públicos imparten estas enseñanzas en Madrid, cuya Consejería está reduciendo el número concentrando en un solo centro la oferta de plazas de cada ciclo formativo y desviando a los sectores más necesitados de este tipo de enseñanza a los centros privados, siempre que puedan costeárselos.

“Están eliminando la enseñanza a distancia de los centros públicos y se los llevan a la privada, como hicieron el año pasado con la Educación Infantil. Los implantan en Valdemorillo donde está el único centro que ofrece enseñanza a distancia, en una zona de difícil acceso para personas con problemas de movilidad”.

Añaden en su comunicado que para mejorar el acceso a estos centros privados a distancia, la Consejería de Educación ha decidido ampliar los cheques de FP para centros privados para el próximo curso a las enseñanzas a distancia, como venía demandando la patronal de estos centros desde hace años en el Consejo Escolar, donde siempre salió rechazada y en los despachos de la Administración, donde ha sido admitida. “Ahora ya pueden proceder, como han hecho con las enseñanzas presenciales, a subir los precios de dichas enseñanzas privadas”.

“Se está excluyendo a los más desfavorecidos que son muchos de los demandantes de este tipo de enseñanza. Es una situación de indefensión y maltrato frente al derecho a una educación pública y gratuita”, concluye Jusdado.