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Madrid Norte

Piden que la Comunidad de Madrid intervenga las residencias que hayan incumplido los protocolos COVID esta Navidad

Escrito hace

1 año

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  • La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE) denuncia el incremento de brotes en las residencias durante el pasado mes de diciembre

  • Señalan que hay empresas gestoras que han implantado restricciones a visitas y salidas más intensas que las impuestas por la Comunidad de Madrid, no por seguridad sino por falta de personal

  • Piden a la Comunidad de Madrid que se estudie la formación y material recibido por los trabajadores y que se incoen expedientes sancionadores o penalizadores por incumplimientos

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE) ha hecho balance del impacto de la pandemia durante las fiestas en las residencias de mayores. De 39 residentes contagiados a 5 de diciembre, se ha pasado a 1609 a fecha de 2 de enero de 2022.

«Es verdad que la vacunación está logrando sus efectos en cuanto a la menor gravedad de los casos, pero son 16 los fallecimientos habidos en este período, según los datos que aporta el IMSERSO todas las semanas. Nos tememos un incremento mayor en las próximas semanas», señala su presidente, Miguel Vázquez quien cree que ya podríamos estar alrededor de 250 brotes.

«Venimos denunciando y lo hemos hecho de forma presencial a la Consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales el pasado 23 de noviembre – y por escrito hemos insistido el 28 de diciembre- que los protocolos de visitas y salidas de las Residencias se estaban incumpliendo por parte de muchas de las empresas gestoras, estableciendo más restricciones de las que figuraban en las Guías de medidas en Centros Residenciales publicadas por la Comunidad de Madrid». Este hecho, según la Plataforma, no se debe a buscar una mayor seguridad si no a  «ocultar la escasez de personal existente, que para proteger a los residentes»

Formación del personal

«En septiembre de 2021 nos dirigimos a la Consejería de Sanidad preguntándole qué tipo de formación se está impartiendo a los trabajadores de Residencias sobre comportamiento sanitario en la Pandemia, así como cuántos trabajadores y en cuantas residencias de la Comunidad de Madrid, han recibido dicha formación. Se nos ha contestado que no tienen registro de actividad normalizado, pero que les consta que se han realizado a demanda de las empresas gestoras. Ninguna garantía de nada»

Además de la falta de formación, desde la plataforma se denuncia que hay una falta endémica de personal que se agrava cuando vienen las fechas de vacaciones y de Navidad, porque las ratios establecidas no están pensadas para atender a las personas mayores, sino para facilitar que el sector privado continúe gestionando más del 92% de las Residencias en la Comunidad de Madrid. «El mal dimensionamiento de las plantillas, la carencia de personal, provoca que se adopten restricciones en las visitas y salidas de los residentes que no sólo no evitan los contagios, sino que provocan mayor sufrimiento y deterioro emocional en los residentes y sus familias, con el beneplácito o el mirar para otro lado de los responsables de la Comunidad de Madrid».

Solicitud de la plataforma a las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales

Que se compruebe, ante el surgimiento de un brote:

1) la existencia y correcta implementación del Plan de Contingencia en la Residencia.

2) la formación y el material de protección recibidos por los trabajadores, así como su idoneidad, para la situación de pandemia que sufrimos.

3) la carencia de personal en relación a cualquier otra época del año que no coincida con las vacaciones estivales o puentes por festivos.

4) que se incoen los correspondientes expedientes sancionadores o penalizadores en función de los incumplimientos.

5) Que en aquellas residencias de gestión privada, que hayan resultado incumplidoras, con independencia de su titularidad, se intervenga su gestión temporalmente, solicitando, al finalizar la misma, la indemnización correspondiente por el perjuicio ocasionado a las arcas públicas como consecuencia de la intervención. Todo ello en función de la normativa existente, que prevé esa posibilidad para situaciones como las actuales.

 

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