Los funcionarios suspendidos de empleo en Sanse se defienden de las acusaciones

Los funcionarios del servicio de atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Sanse suspendidos de empleo y sueldo por las supuestas bajas injustificadas en el padrón municipal salen al paso de la nota de prensa del gobierno del PP

Alegan que es “absolutamente falso” que hayan borrado del censo electoral a 4.544 residentes en el municipio sin conocimiento de los afectados

Dicen que “todos los expedientes se han tramitado conforme a la normativa vigente, realizando las notificaciones establecidas en ley”

Los funcionarios añaden que “tampoco es cierto que muchos vecinos acudieran al Ayuntamiento a presentar un escrito de reclamación” por no poder votar en las elecciones. Dicen que únicamente constan “6 incidencias, que son reclamaciones censales el día de la votaciones”

Los funcionarios del servicio de atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Sanse suspendidos de empleo y sueldo por las supuestas bajas injustificadas en el padrón municipal salen al paso de la nota de prensa del gobierno del PP.

Alegan que es “absolutamente falso” que hayan borrado del censo electoral a 4.544 residentes en el municipio “sin conocimiento de los afectados”.

Expedientes de baja tramitados conforme a normativa vigente

Dichos trabajadores, suspendidos de empleo y sueldo durante seis meses, dicen que “todos los expedientes se han tramitado conforme a la normativa vigente, realizando las notificaciones establecidas en la ley para que los interesados pudieran realizar las consideraciones que tuvieran por conveniente”.

Explican que es una “obligación de los Ayuntamientos dar de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial. Como consecuencia de ello, se iniciaron todos los expedientes cuando se tenía conocimiento de una inscripción indebida”.

Además, quieren poner de manifiesto que los empleados municipales apartados se han limitado a tramitar los expedientes, “en función de la información aportada por los funcionarios del servicio de atención ciudadana (SAC)”. Explican que tras la correspondiente tramitación, que es certificado por el Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local, se remite la documentación correspondiente al INE, quien a través del Consejo de Empadronamiento, que examina a todos los implicados, emite el informe correspondiente, aceptando o denegando las bajas por la existencia de un movimiento registrado en sus archivos, y por lo tanto siendo el organismo que definitivamente adopta la decisión”.

Sobre la acusación del gobierno de haber causado indefensión a los vecinos afectados, el comunicado señala que “al haberse tramitado los expedientes conforme a la normativa, nunca se ha podido causar indefensión a los interesados, pues han podido ejercer todos sus derechos”.

Igualmente, los funcionarios añaden que “tampoco es cierto que muchos vecinos acudieran al Ayuntamiento a presentar un escrito de reclamación, y mucho menos de forma masiva en las elecciones de 28 de mayo”. Dicen que “únicamente constan 6 incidencias, que son reclamaciones censales el día de la votaciones”.

Por otro lado, los funcionarios rechazan de plano la afirmación de que hemos hecho desaparecer del padrón a miles de ciudadanos, por ser absolutamente falso. “No desaparecen, sino que constan como de baja, y mucho menos se  ha hecho a sabiendas de que se estaba haciendo mal, pues siempre se ha cumplido el procedimiento administrativo antes reseñado”.

Sobre la acusacion de haber generado “alarma social”, insisten en que no ha existido reclamación alguna al respecto, por lo que consideran que es “una decisión arbitraria y absolutamente injusta”.

“Las bajas se han dado donde los empadronamientos eran irregulares, y todas tienes como base la existencia de una irregularidad, comprobada en el oportuno expediente, siendo imposible saber cual es la tendencia ideológica de los afectados, por lo que se nos están imputando actuaciones irregulares, de forma gratuita y tendenciosa”, dice el comunicado de los funcionarios.

El comunicado se cierra con un “es necesario realizar esta rectificación dado que nadie ha intentado ponerse en contacto con nosotros para poder dar nuestras explicaciones a este atropello”.