• Reclama que se la indemnice con 50.000 euros por los daños morales sufridos durante todo este tiempo

EUROPA PRESS.- Mercedes Moya, víctima de la trama de los ‘bebés robados’ en España, llevará a juicio a un laboratorio genético por presunta negligencia profesional al errar en varias ocasiones en el cotejo del análisis de su ADN y el de su hija biológica, con quien se reencontró 40 años después.

En una denuncia presentada ante los Juzgados de Primera Instancia de Alcobendas, a la que tuvo acceso Europa Press, la afectada acusa al laboratorio LabGenetics de negligencia profesional.

Este laboratorio colabora con la asociación S.O.S. Bebés Robados creando un banco de ADN tanto de las madres que sufrieron el robo de sus hijos como de los hijos que buscan a sus progenitores, para poder establecer las coincidencias genéticas.

En marzo de 2014, Mercedes acudió a la sede del laboratorio a fin de que recogieran muestras biológicas. Su perfil genético se incorporó en la base de datos generada. Este primer cotejo fue negativo.

En julio de 2018, acudió su hija ante las sospechas de que Mercedes podría ser su madre. Tras introducirse su perfil genético, el informe hizo constar que el resultado era negativo tras el cotejo realizado con la base de datos de posibles padres/madres biológicos.

Por tanto, «el laboratorio no advirtió la coincidencia que existía entre los marcadores genéticos de Mercedes y los de su hija», según consta en la denuncia. Pero ante la insistencia de su hija respecto a la maternidad de la denunciante, decidieron someterse a una nueva prueba genética.

Así, a través de un laboratorio estadounidense, se realizaron un test de paternidad, cuyas conclusiones confirmaron la relación de maternidad biológica entre ambas mujeres.

En mayo de 2019, el laboratorio remitió un escrito a Mercedes en el que informaba de que se había detectado un error al no detectarse la compatibilidad entre los perfiles genéticos.

«La base de datos nos devolvió el resultado correcto pero nosotros lo pasamos por alto», manifestó, por lo que la denunciante entiende que el laboratorio cometió una grave negligencia.

50.000 EUROS

La víctima reclama que se la indemnice con 50.000 euros por los daños morales sufridos durante todo este tiempo debido al estrés y nerviosismo diario causado.

Para evitar ir a juicio, se celebró un acto de conciliación al que no asistió la otra parte. Finalmente, la vista oral se celebrará el próximo 29 de abril en los juzgados de Alcobendas.

«Nos engañaron antes, mientras y después», ha recriminado la víctima en declaraciones a Europa Press. A Mercedes una monja la quitó a su hija de los brazos en 1978. Sostiene que la monja la presionó para firmar unos documentos ante notario.

Tras 40 años, madre e hija se reencontraron. Durante años, Mercedes pensó por error que su pequeña era la hija de un conocido cantante, que vio en las oficinas de la monja.

Pero en 2010 a través de la página web de la asociación S.O.S. Bebés Robados la localizó gracias a un mensaje que su hija, que vive en México, había dejado con datos sobre su nacimiento y el hospital dónde había nacido.

«Durante un año estuve llamando al laboratorio diciéndoles que era mi hija pero seguía dando negativo. Finalmente, reconocieron su error pero han estado engañando a otras madres», ha denunciado.

EUROPA PRESS.- La Comunidad de Madrid va a personarse como acusación popular en las diligencias previas sobre un caso de violencia de género que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas, donde se investiga el fallecimiento en circunstancias violentas de una mujer de 47 años y su hija de 11, ocurrido el pasado 9 de marzo en El Molar, y causado presuntamente por el cónyuge y padre de las víctimas.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación y Juventud y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles.

El Gobierno regional ejerce la acción popular en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital.

Tras recibir el informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dictado la orden en la que encomienda el ejercicio de las acciones jurisdiccionales necesarias para poder personarse como acusación popular en los citados procedimientos judiciales.

El consejero, conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, ha dado cuenta de esta personación al Consejo de Gobierno.

El supuesto asesino machista de El Molar, que presuntamente mató a su mujer y a su hija y luego se quitó la vida horas después, habría utilizado para ello dos escopetas de su propiedad, ya que tenía licencia de armas para la caza. Antes de quitarse la vida, habría incendiado la casa utilizando gasolina.

Con este son 50 los casos en los que el Ejecutivo madrileño se ha personado como acusación popular en procesos relacionados con violencia de género desde enero de 2016.

En 21 de estos procedimientos se dirimieron agresiones graves, mientras que en los 29 restantes se trataba de víctimas mortales. La personación es una de las medidas establecidas en la Estrategia contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 2016/21.