El Ayuntamiento de Becerril de la Sierra realiza un censo de amianto en el municipio para calendarizar su retirada
Los resultados del estudio realizado por la empresa contratada reflejan que, el porcentaje de inmuebles afectados por cubiertas de fibrocemento corresponde al 1,87 % de las construcciones del municipio, siendo un total de 75 instalaciones.
Las fibras de amianto han sido utilizadas en materiales para la construcción desde el principio del siglo XX, pudiendo permanecer en ellos actualmente. El amianto supone un grave problema laboral y de salud pública debido a que es considerado un cancerígeno humano por numerosas agencias internacionales.
Desde el 2002, en España existe la prohibición de fabricar, utilizar o comercializar materiales con amianto . El ciclo de vida de los materiales con amianto (MCA), especialmente el fibrocemento, es de 30 a 50 años, estimando que en el 2030 más del 85% de estos materiales habrán superado su vida útil y constituirán un grave problema de salud pública, laboral y ambiental. Para el año 2040, el 100% del MCA habrá superado su vida útil y es necesario su retirada.
Retirada de amianto de los edificios
Tal como recoge la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados para una economía circular desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra se ha elaborado un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada.
Los resultados del estudio realizado por la empresa contratada reflejan que, el porcentaje de inmuebles afectados por cubiertas de fibrocemento corresponde al 1,87 % de las construcciones del municipio, siendo un total de 75 instalaciones.
Los edificios e instalaciones afectados son aquellos que están incluidos en el censo de instalaciones con existencia de presuntos materiales con amianto. El censo elaborado en 2024 a partir de la identificación de cubiertas de fibrocemento a través de trabajos de teledetección deberá ser actualizada con los informes e inspecciones realizadas en las instalaciones.
A través de estos informes se podrá identificar y evaluar el riesgo de dichas edificaciones para determinar la prioridad y el plazo concedido para su retirada en función de su estado de conservación y la vulnerabilidad del entorno.
