Cuatro fiscalías comienzan a investigar la muerte de ancianos en residencias en la pandemia

Cuatro fiscalías de Madrid han comenzado a investigar la macrodenuncia presentada por 109 familiares de ancianos fallecidos durante los primeros meses de la pandemia covid19 en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.  María Jesús Valero, presidenta de uno de los colectivos que coordina la citada macrodenuncia, Verdad y Justicia, ha pedido en Onda Cero Madrid Norte (100.1FM) “judicializar cuanto antes las denuncias para evitar la prescripción de los delitos”.

Los familiares de 115 residentes, que vivían en 72 residencias diferentes de la Comunidad de Madrid, presentaron en octubre una denuncia colectiva por un  presunto delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. La denuncia está coordinada por Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, que aglutinan a familiares de residentes.

Ambas entidades han alertado de nuevo sobre el riesgo de que “los delitos denunciados prescriban si el Ministerio Público y los Juzgados no actúan con rapidez”. Añaden que esos delitos empezarían a prescribir a partir de la segunda quincena del próximo mes de marzo.

Por ello, solicitan a la Fiscalía que judicialice la denuncia en cuanto haya tomado declaración a los familiares, “especialmente teniendo en cuenta que los denunciantes ya aportamos una abundante prueba documental para demostrar la comisión de los delitos”.

Las cuatro Fiscalías que recibieron la denuncia colectiva han acordado abrir diligencias de investigación por cada uno de los denunciantes, de forma que en total se abrirán 109 diligencias diferentes. Las declaraciones de los familiares se producen en el marco de estas diligencias de investigación.

Valero ha destacado que han aportado "informes internos del Gobierno madrileño" en los que "se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región". Dichos informes internos provendrían del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Según la entidad, esos informes se empezaron a elaborar el 18 de marzo y cada uno de ellos contiene miles de datos: desde el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, al número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario, o las necesidades de personal que tenía cada centro.

“El análisis de esos informes permite hacerse una idea detallada del abandono absoluto que vivieron las residencias madrileñas. Entre los datos recopilados en esos informes figuran las “necesidades de personal”. Pues bien, las 72 residencias donde vivían las 115 víctimas de esta denuncia declaraban el 7 de abril de 2020 que necesitaban 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras”, dicen los dos colectivos.

Por otro lado destacan un informe de la propia Consejería de Sanidad, en respuesta a una solicitud del Portal de Transparencia. Según Marea de REsidencias y 7291 Verdad y Justicia, dicho informe “certifica que lo que el Gobierno Ayuso llamó “medicalizar las residencias” consistió en enviar un total de 24 médicos y 25 enfermeras a las 475 residencias que estaban operativas en marzo y abril de 2020, periodo en el que murieron 7.291 personas en esos centros sin ser trasladadas a un hospital ni recibir una atención sanitaria adecuada en la propia residencia”.

Mientras tanto, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no se ha pronunciado este miércoles, pero ha reiterado en distintas ocasiones que, hasta la fecha, la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas.