Entra en vigor la obligación de separar la materia orgánica pero, ¿dónde están los 'quintos contenedores'?

En abril, entró en vigor la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Aunque un avance importante, para muchos expertos 'se queda corta' ante la situación de emergencia climática.

También critican el incumplimiento de medidas. El 1 de julio es la fecha para iniciar medidas como la separación de materia orgánica en municipios de más de 5.000 habitantes, pocos tienen las infraestructuras para realizarla.

Este viernes 1 de julio entran en vigor algunas medidas de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Conocemos de manos de expertos de Amigos de la Tierra y la Plataforma Aire Limpio Madrid Norte cuáles son los puntos fuertes y cuáles las carencias de esta Ley, como la falta de infraestructuras para las medidas que entran hoy en funcionamiento.

"Puede ser una de las leyes ambientales más importantes de la última década en nuestro país"

Manuel Ruiz, miembro de la Plataforma Aire Limpio y antiguo profesor del departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, señala: "Plantea objetivos de los que estamos aún muy alejados. Pero es interesante su planteamiento casi filosófico que trata al residuo no como algo desechable sino con utilidad. El reto es muy grande".

Para Marian Lorenzo, experta en residuos de Amigos de la Tierra: "Es un avance importante, hacía mucha falta que hacía falta, da pasos importantes pero llega un poco tarde. Debería ser más ambiciosa porque estamos ante una situación de emergencia climática.

Aunque estos avances no son iguales en todos los territorios. Ruiz ha destacado que "la Comunidad de Madrid está a la cola del estado en la gestión de residuos."

Un ejemplo es la medida de separación de materia orgánica en los municipios de más de 5.000 habitantes. Aunque su implantación está fechada a 1 de julio, llegado el día los municipios no cuentan con infraestructuras para realizarlo como la recogida puerta a puerta o el quinto contenedor.

"Los ayuntamientos van a tener que ponerse las pilas, modificar sus políticas y dotar de personal para llevarlas a cabo. También modificar sus tasas, crear impuestos para disuadir de la llegada de residuos al vertedero", anota Manuel Ruiz.

'Aspectos positivos' de la ley

Según explica la Plataforma, esta nueva ley, incorpora aspectos positivos largamente reclamados por numerosos colectivos de la sociedad civil, y nos alinea con la actual normativa europea.

Entre estos aspectos positivos caben destacar que la obligación de los productores de asumir todos los costes del tratamiento de los residuos que generan, la prohibición de ciertos productos plásticos de un solo uso, de compuestos tóxicos como bisfenoles y otros disruptores endocrinos, la obligación de recoger de manera separada los residuos orgánicos, el textil y otros residuos domésticos peligrosos, y el establecimiento de una fiscalidad al tratamiento finalista. Además de obligar a la elaboración de censos, a nivel municipal, de instalaciones con amianto y su plan de retirada, y la elaboración por parte de las CCAA de catálogos de suelos contaminados y sus planes de descontaminación.

'Carencias' de la nueva ley

"Se queda corta en varios puntos", explica Manuel Ruiz, "la ley recoge en su preámbulo que se debería seguir una jerarquía que empieza por la reducción de residuos, pero luego no enfatiza en este punto."

La plataforma también ve carencias en que la ley pospone la aplicación de sistemas de depósito y retorno en los envases de vidrio, y establece niveles de impropios en la recogida separada de la orgánica muy elevados (20% en 2022 y 15% en 2027) inhabilitándolas de facto para su uso en compostaje y mejora de suelos.